El Gobierno nacional oficializará este martes un decreto que disuelve tres organismos claves del transporte y la seguridad vial: la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. La medida implica una reconfiguración integral del sistema de control, fiscalización e infraestructura vial, transfiriendo competencias, creando nuevos entes y asignando a la Gendarmería Nacional el control exclusivo de las rutas nacionales.

Cambios estructurales

El decreto, enmarcado en las facultades delegadas por la Ley 27.742, contempla la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a llamarse "Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte". Esta nueva entidad concentrará el control de las concesiones viales y ferroviarias, los servicios de transporte automotor de carga y pasajeros, y la investigación de accidentes ferroviarios. También tendrá funciones de protección de los derechos de los usuarios y podrá aplicar sanciones, emitir informes técnicos e intervenir judicialmente.

Por otro lado, la Junta de Seguridad en el Transporte será transformada en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, limitando su alcance solo a hechos vinculados a la aviación civil. La competencia sobre accidentes ferroviarios quedará en manos de la nueva Agencia de Control.

Infraestructura vial y control

Con la disolución de Vialidad Nacional, todas las funciones de planificación y ejecución de obras de infraestructura pasan a depender del Ministerio de Economía, que además integrará un Consejo Vial Federal junto a representantes de los entes viales provinciales para definir políticas y coordinar proyectos.

Una de las novedades más significativas es que la Gendarmería Nacional se hará cargo de manera exclusiva del control del tránsito en rutas nacionales, incluyendo la constatación de infracciones y la coordinación con provincias y municipios. Según el decreto, esta reasignación responde a la necesidad de reducir el gasto público y aprovechar la capacidad operativa ya existente en esa fuerza.

Ajuste y recentralización

El Gobierno justifica estas medidas en la necesidad de reducir la superposición de funciones, eliminar organismos considerados ineficientes o sobredimensionados, y avanzar hacia un esquema "más moderno y profesionalizado" de administración. También se eliminan artículos y normas de leyes anteriores para adecuar el marco legal a la nueva estructura, centralizando atribuciones clave en el Ministerio de Economía.

La reorganización implica además el traspaso de bienes, recursos, personal y contratos de los organismos disueltos a sus reemplazantes o al Estado Nacional, y la eventual venta o reasignación de inmuebles e insumos en desuso.