La UGATT declaró la “emergencia total” del sistema nacional de transporte. El comunicado ratifica las advertencias que La Fraternidad había lanzado el 24 de septiembre, cuando los maquinistas redujeron la velocidad de los trenes para visibilizar las precarias condiciones de trabajo y la falta de inversión en infraestructura ferroviaria
La medida había anticipado una eventual crisis. El 24 de septiembre, La Fraternidad había realizado una medida de alerta con reducción de velocidad a 30 km/h en todos los servicios de pasajeros. Aquel día, el sindicato que lidera Omar Maturano se justificó ante “las magras condiciones laborales de los maquinistas” y el deterioro general del sistema ferroviario, con falta de repuestos, vías en mal estado y material rodante obsoleto.
La protesta, que no detuvo los servicios pero paralizó la regularidad de los trenes, fue interpretada como una advertencia técnica y política sobre lo que se avecinaba.
Un mes después, la conducción de la UGATT —que agrupa a diferentes gremios del transporte— confirmó en un comunicado que esa advertencia se materializó: “Hoy la emergencia es total. Tenemos rutas donde ya no se puede circular, trenes sin repuestos, aviones fuera de servicio por falta de mantenimiento y una logística carísima por el desgaste de los vehículos y los costos de combustible.”
El documento también señala la pérdida de soberanía en las vías navegables bajo control extranjero y denuncia que el país “ya no puede circular” por sus propias rutas y sistemas de transporte.
La UGATT puja e insiste por instalar en el Gobierno libertario (¿un idealismo?) un modelo económico productivo y soberano, con eje en la industria y el trabajo argentino, algo que a juzgar por los acontecimientos en materia de política internacional, sería complejo llevar adelante: “Solamente el pensamiento productivo nacional puede revertir esta situación. No va a ser con la ‘ayuda’ de Estados Unidos ni de China.”
Un diagnóstico compartido
Los gremios de la UGATT confluyen en una misma línea: denunciar la parálisis del transporte nacional y exigir un cambio de rumbo político y económico.
La medida de septiembre y el comunicado de octubre funcionan como dos capítulos de una misma denuncia sindical: el colapso de la infraestructura y la falta de planificación estatal ponen en riesgo la conectividad, la seguridad y la soberanía del país.
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