La Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) anunció una nueva jornada de lucha para este martes 30 de septiembre a las 13:30 frente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en Cerrito 760. Allí, realizarán una olla popular para visibilizar el reclamo histórico de equiparación salarial con el resto de los profesionales de la salud, amparados bajo la Ley 6035.
“El reclamo es claro: la ley 6767 no mejoró nada, las paritarias son de hambre y el Tribunal Superior tiene la oportunidad de terminar con la discriminación: que nos vea, que nos escuche y que falle a favor de la Primera Línea”, señalaron desde la organización.
Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y presidenta de la ALE, denunció que la situación es crítica: “Cobramos menos del 50% que otros colegas, la mayoría somos mujeres, jefas de hogar, con dos o tres trabajos para parar la olla. La ley 6767 fue puro verso y las paritarias que firma SUTECBA son una vergüenza. Ya hubo dos fallos que ordenaron al Gobierno porteño equiparar a la enfermería con la Ley 6035, pero tanto Rodríguez Larreta como Jorge Macri y su ministro Quirós apelaron las sentencias. Ahora el TSJ tiene la palabra: o está con la enfermería o sigue siendo cómplice del maltrato a la Primera Línea”.
Por su parte, Luciana Franco, enfermera del Hospital Fernández y secretaria general de ALE, insistió en la necesidad de mantener la lucha: “No podemos bajar los brazos. Esto no es solo una cuestión legal: es sobrevivir, pagar el alquiler, los impuestos, llegar a fin de mes. Convocamos a toda la enfermería de la Ciudad, a sectores aliados, organizaciones sociales y referentes sindicales a sumarse. La justicia para enfermería es la equiparación a la 6035. Si el gobierno apela todo, la Justicia no puede mirar para otro lado. Nos lo ganamos en la calle, en los hospitales y en cada guardia”.
El reclamo de la enfermería porteña lleva años y ya obtuvo fallos judiciales favorables, aunque sistemáticamente apelados por el Gobierno de la Ciudad. La definición del Tribunal Superior de Justicia se presenta ahora como una instancia clave para determinar si habrá finalmente equiparación salarial para miles de trabajadores y trabajadoras que sostienen el sistema de salud pública.
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