Las grandes empresas bananeras han perfeccionado el arte del despojo. Como cíclopes que devoran el esfuerzo ajeno, han encontrado en el gobierno de José Raúl Mulino un aliado que cede ante cualquier presión.Las empresas alegan que los cambios que promueven son necesarios para mejorar la productividad, pero en la práctica perpetúan un sistema de explotación que maximiza sus ganancias a expensas del bienestar de quienes trabajan la tierra.

Es una vieja práctica de Chiquita, que hace décadas abandonó 42 plantaciones en la zona sur de Costa Rica fronteriza con Panamá y miles de trabajadores quedaron a la deriva, generando una crisis que fue atribuida al Sindicato.

Ahora, con la privatización del muelle de Limón, Chiquita dejó, de un día para otro, a cientos de trabajadores sin trabajo.

Lo más alarmante es la extraña coincidencia entre esta “ética” empresarial y la postura del gobierno y los tribunales de trabajo, que olvidan su función tutelar.

Fue por eso que Francisco Smith, secretario general de SITRAIBANA, anunció: «Nos vamos a la calle, ya basta de burlas, vamos a pelear por nuestros derechos«.

Hoy, los trabajadores de Chiquita, mayoritariamente pertenecientes a los pueblos originarios Ngäbe y Buglé, a quienes estas fincas les fueron expropiadas hace un siglo a ambos lados de la frontera, se mantienen en huelga.

La huelga de SITRAIBANA no es un hecho aislado. Se suma a más de un mes de protestas en Panamá, donde diversos sectores han salido a las calles a exigir justicia, enfrentando represión y violencia estatal.

Los pueblos indígenas, que representan la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Chiquita, han sido víctimas de un martirio silencioso, resistiendo en condiciones extremas mientras defienden sus derechos y su dignidad.

Costa Rica y Panamá no pueden seguir construyendo su futuro sobre la espalda agotada de sus trabajadores y trabajadoras.

Un país no se mide por sus exportaciones, sino por la dignidad de quienes hacen posible cada cosecha.