El 60% cobra menos de 44 mil pesos y 20 mil personas tienen contratos precarios. Aunque la recaudación no cayó en forma severa, hay una fuerte subejecución.
Por FRANCISCO BASUALDO.
En las últimas horas, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital Federal inició una ofensiva sobre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para intentar forzar la reapertura de las negociaciones salariales. El movimiento coincide con los cruces entre el oficialismo y la oposición sobre la situación económica en la ciudad y las medidas de emergencia, o la ausencia de ellas, para enfrentar la crisis provocada por la pandemia.
"La realidad de la Ciudad de Buenos Aires está muy lejos de la que plantean las autoridades: hoy casi el 60% de los trabajadores estatales, incluidos sectores esenciales, cobran salarios por debajo de la canasta básica de alimentos, que está en torno a los 44.000 pesos", señaló el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, que inició reclamos políticos y judiciales para que se convoque de manera urgente a la Comisión Negociadora Central, el ámbito donde se define la paritaria local.
Según ese gremio, existen además por lo menos 20 mil personas bajo contratos de locación con salarios inferiores a los 30 mil pesos, para quienes que reclaman un bono de emergencia que las coloque por encima de la línea de pobreza que mensualmente calcula la Dirección de Estadísticas y Censo porteña.
— Estadistica Y Censos (@EYC_SUTECBA) June 17, 2020
El reclamo gremial, que hasta el momento no encontró eco en Sutecba, el principal sindicato de la ciudad, desafía la bandera de austeridad que levanta Juntos por el Cambio (JxC) en su distrito madre, pero también se cursó al Ministerio de Trabajo de la Nación. En la órbita nacional, las paritarias del sector público tampoco fueron convocadas y sin un horizonte claro, empiezan a agitar la posibilidad de un conficto sindical.
En el caso porteño, las demandas de recomposición además están atravesadas por la situación de las cuentas públicas locales, que generó controversia entre el oficialismo y la oposición en las últimas semanas.
En mayo, cuando se comenzaba a ver las consecuencias de la pandemia, el oficialismo impulsó una Ley de Emergencia Económica que habilitó la reasignación discrecional de partidas presupuestarias, pero que también permite diferir salarios, argumentando que habría una importante caída de la recaudación. Si bien en el debate parlamentario se introdujeron cambios, Larreta adhirió a la decisión del gobierno nacional para pagar en cuotas el medio aguinaldo de junio.
Solicitamos Apertura de Paritarias para una urgente recomposición salarial, tanto al Gobierno Nacional como al de la CABA. Adjuntamos notas en nuestra Web 👇https://t.co/Q7rxeOy4DT. pic.twitter.com/YecsqKopDh
— ATE Capital (@ATECapitalOk) September 4, 2020
Los números oficiales muestran que a pesar de la crisis, la recaudación de la Ciudad durante el primer semestre no sufrió reducciones sustanciales. Según el presupuesto aprobado en diciembre, se calculaba que en 2020 se iban a recaudar 474.000 millones de pesos y en el primer semestre ingresaron 206.000 millones de pesos, dado que no hubo medidas fuertes de auxilio económico para la economía porteña, una demanda de la oposición casi desde el día cero de la crisis.
Los cruces entre oficialismo y oposición se escenificaron en la última sesión de la Legislatura, cuando se decidió eximir de Ingresos Brutos al sector gastronómico, una medida que fue acordada por todos los bloques pero que volvió a poner sobre la mesa los diferentes diagnósticos que hay entre el peronismo y el macrismo, los dos espacios que concentran la grieta en el Parlamento porteño.
En esa ocasión, el legislador del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña precisó que el gobierno porteño ejecutó solo el 43% del presupuesto global, mientras que una de las pocas áreas que superó el 50% de ejecución fue la publicidad oficial.
Ese mismo balance oficial de mitad de año muestra que en los primeros seis meses se subejecutaron 15.000 millones de pesos destinados a salarios, que deberían formar parte de los aumentos estipulados en el Presupuesto. Por eso, los sindicatos locales empezaron a calentar la discusión.
Desde marzo, el Ejecutivo ordenó pagar una suma fija no remunerativa mensual del 7,9%, calculada sobre los salarios de septiembre de 2019, una cifra que ATE reclama que se integre al salario y se aumente otro 15% que compense lo perdido por inflación durante este año.
Otro de los frentes de disputa es que, a pesar de la crisis sanitaria, la Ciudad no convocó a la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, contemplada en el Convenio Colectivo, para actualizar las condiciones de seguridad laboral de los sectores esencial de la función pública. Sobre todo de aquellos que cumplen funciones en hospitales y salas de primeros auxilios, que en su mayoría permanecen bajo contrataciones eventuales.
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