Por Mariano Martín

En paralelo con la negociación salarial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), los empresarios de esa actividad mantienen una confrontación entre ellos que de manera frecuente recrudece y cuyo último capítulo se conoció días atrás: la Justicia rechazó la pretensión de la cámara mayoritaria Adimra de tener preponderancia frente a sus pares del sector en la discusión con el gremio. Se trata de una disputa que incluye, además, el manejo de un fondo de al menos $2.400 millones al año y que suele inmiscuirse en las deliberaciones con la organización sindical.

La puja tiene como protagonistas a la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), por un lado, y del otro al Ministerio de Trabajo de Claudio Moroni y al resto de las cámaras firmantes del convenio colectivo, AFAC (autopartistas), Afarte (terminales electrónicas de Tierra del Fuego), Camima (industrias pyme), Fedehogar (fabricantes de electrodomésticos) y Caiama (productores de aluminio). El juzgado nacional del Trabajo 50, a cargo de Fabiana Rodríguez, rechazó la demanda que presentó Adimra para contar con hegemonía en la paritaria, es decir más votos que sus pares a la hora de definir un acuerdo.

Para negar el planteo la magistrada se basó en los dictámenes en igual sentido del Ministerio de Trabajo a partir de 2012, cuando arrancó el pleito en sede administrativa. “En toda esta materia el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de policía que la ley le acuerda y que se concreta con el ordenamiento del proceso de negociación para permitir que la misma sea posible”, apunta la jueza. Y agrega, en ese sentido, que en las leyes que rigen los mecanismos de negociación paritaria la cartera laboral “ostenta facultades para la fijación de una comisión negociadora y para elucidar acerca de los interlocutores colectivos”.

En su fallo destaca que el sistema normativo no fija un sistema específico de determinación de comisiones negociadoras por la parte empleadora. “De ahí que la asociación que ha de negociar en representación de los empleadores deba ser decidida en cada oportunidad por la autoridad administrativa, requiriéndose la nota de ‘suficiente representatividad’ a juicio de dicha autoridad. Este es el principio prevaleciente en el régimen actual, con la aclaración de que a los empleadores que hubieren negociado la anterior convención colectiva, se los considera en principio, suficientemente representativos para celebrar el convenio”, apunta la resolución.

La sentencia, de primera instancia, data de abril pasado y se conoció en los últimos días mientras arrancaba la revisión de la paritaria de la UOM. La causa arrancó en 2012 cuando Adimra se presentó ante el Ministerio de Trabajo para exigir, en principio, una negociación por separado con la UOM, sin presencia de las otras cámaras patronales, y con alcance en todo el país y para todas las unidades productivas con presencia de operarios del gremio. Para el caso de que esa pretensión fuese rechazada, como sucedió, la entidad pidió reservar la potestad de reclamar un voto hegemónico en cada paritaria. Sobre este último punto se pronunció la jueza Rodríguez.

Como parte de la misma confrontación subsisten causas judiciales sobre un aporte obligatorio que Adimra se cobra de todas las fábricas metalúrgicas del país, sean o no sus socias. Ese aporte equivale al 1% del total de la remuneración bruta de cada empresa incorporada al convenio colectivo 260/75. Para un gremio que supera los 200 mil operarios en todo el país, con salarios brutos que en promedio superan los 100 mil pesos mensuales, el ítem representa no menos de 2.400 millones de pesos al año.

A pesar de que algunas fábricas de manera individual y AFAC en nombre de los autopartistas objetaron el aporte y lograron resoluciones administrativas favorables, Adimra continuó con el cobro y en su página web incluye un instructivo para cumplimentarlo. En el sector empresario explicaron que del total recaudado la cámara retiene el 30% y el resto lo reparte entre sus entidades inferiores asociadas.