La medida fue adoptada por el Directorio de la Administración de Parques Nacionales y derogó la disposición conjunta de 2023 de la Dirección Nacional de Conservación y la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas, mediante la cual había sido aprobado el mencionado plan.

De acuerdo con el planteo de los trabajadores científicos, la resolución reemplaza un esquema de planificación, seguimiento, revisión y evaluación de la política científica por nuevos lineamientos centrados principalmente en los Monumentos Naturales y en un conjunto delimitado de actividades científico-técnicas.

La modificación alcanza a la política de investigación vinculada con la gestión de aproximadamente 18 millones de hectáreas continentales, insulares y marinas bajo jurisdicción de Parques Nacionales, que incluyen ecosistemas y recursos naturales y culturales considerados de relevancia ambiental, social y económica.

Un cambio en el enfoque de investigación 

Según cuestionan los trabajadores, la Resolución 316/2026 no constituye una actualización del plan vigente sino una reducción de su alcance. Señalan que la investigación sobre Monumentos Naturales ya estaba contemplada en el programa aprobado en 2023, aunque dentro de una estrategia integral de conservación.

En ese sentido, sostienen que la protección de especies como el yaguareté, el huemul, la taruca o la ballena franca austral requiere abordar también los ecosistemas que constituyen sus hábitats, las especies con las que interactúan y los procesos ecológicos que permiten su supervivencia.

Desde esta perspectiva, la conservación de una especie no podría analizarse de manera aislada de la integridad ecológica del sistema del que forma parte.

Los científicos también advierten que la reducción del marco institucional para la producción de conocimiento podría afectar la capacidad estatal para anticipar incendios y otros riesgos ambientales, monitorear los efectos del cambio climático, proteger glaciares y fuentes de agua, conservar el patrimonio natural, cultural, arqueológico y paleontológico y evaluar los impactos sobre las comunidades.

Asimismo, remarcan la importancia de contar con producción científica propia para orientar políticas públicas vinculadas con la conservación de los ecosistemas y la diversidad genética y para aportar conocimiento a actividades productivas relacionadas con el turismo, la industria alimentaria y la producción de medicamentos.

La situación del personal científico 

La discusión sobre la Resolución 316/2026 se produce además en paralelo con un conflicto salarial que afecta al personal científico de Parques Nacionales.

Según denuncian trabajadores del organismo, en agosto de 2026 se interrumpió de manera abrupta la liquidación del suplemento científico que percibían trabajadores que desarrollan funciones científico-técnicas. De acuerdo con el planteo realizado, la medida produjo reducciones salariales que, en algunos casos, superarían el 20% del haber.

Los trabajadores señalan que la interrupción se habría producido sin un acto administrativo previo que explicitara sus fundamentos.

En este contexto, también cuestionan el artículo 4° de la Resolución 316/2026, que encomienda a la Dirección General de Recursos Humanos requerir la intervención de las unidades sustantivas para "identificar al personal alcanzado" por los nuevos lineamientos y actividades científico-técnicas.

La coincidencia temporal entre ambos procesos generó interrogantes entre los trabajadores respecto de la relación jurídica y administrativa entre la modificación de la política científica y la situación salarial del personal.

Una de las cuestiones planteadas es si la nueva definición de las funciones científico-técnicas podría incidir sobre el personal que accedió a sus cargos mediante concursos realizados durante 2022 y 2023.

Los trabajadores aclaran que no sostienen que la Resolución 316/2026 haya sido dictada con el objetivo de justificar la reducción salarial. Sin embargo, consideran que la secuencia de decisiones requiere ser esclarecida y advierten que una modificación normativa posterior no podría, por sí sola, otorgar fundamento retroactivo a decisiones salariales adoptadas con anterioridad.

El rol de la ciencia en las áreas protegidas 

Para los científicos y trabajadores que cuestionan la medida, la discusión excede la continuidad formal de un plan aprobado en 2023 y plantea cuál será el lugar de la producción científica dentro de la Administración de Parques Nacionales.

La investigación y el monitoreo constituyen herramientas para la gestión de la biodiversidad, los recursos naturales y culturales, las áreas protegidas y los riesgos ambientales. En ese sentido, los trabajadores sostienen que la capacidad estatal para producir conocimiento propio resulta necesaria para que las decisiones de conservación puedan sustentarse en evidencia científica.

El planteo apunta, en definitiva, a la necesidad de definir si la producción de conocimiento científico continuará funcionando como una capacidad institucional permanente de Parques Nacionales o si quedará limitada a determinadas prioridades y actividades definidas por la actual gestión.

La Resolución 316/2026 abrió así una discusión que combina la orientación de la política científica del organismo con la situación laboral de sus trabajadores y con el papel que el Estado tendrá en la producción de conocimiento destinado a la conservación de las áreas protegidas.