Los resultados estarán antes de fin de año. Investigan si movió millones de la obra social de Camioneros a empresas familiares.
Un peritaje puede definir la suerte de Hugo Moyano en uno de los casos que más lo complica, el de la supuesta defraudación en Oschoca, la obra social del gremio de los Camioneros. Ese expediente, que lleva adelante el juez Claudio Bonadio, investiga el desvío millonario de fondos de la obra social y del sindicato a favor de las empresas del clan Moyano que son manejadas por Liliana Zulet -la mujer del Camionero- y sus hijos.
El peritaje lo ordenó Bonadio en abril pasado y quedó a cargo del equipo de peritos contables de la Corte Suprema. Aunque en principio tenía que estar terminado en 45 días, hubo demoras y trabas por parte de la defensa de Moyano, que fueron retrasando el trabajo. Antes de fin de año, dicen ahora en la Justicia, deberían estar listos los resultados que podrían complicar la suerte de Moyano. Los peritos trabajan sobre documentación de tres compañías que fue recolectada en diversos operativos. Se trata de la gerenciadora de la obra social de Camioneros Iarai SA, la empresa textil Dixey SA y la constructora Aconra SA. Todas tiene como cliente prioritario y casi único al gremio, la obra social o la mutual de Camioneros. Si las pruebas de los peritajes son concluyentes, el juez podría llamara a indagatoria a Moyano por primera vez en este expediente.
Iarai, presidida por Zulet, es la gerenciadora de la obra social de Camioneros. Dixey le daba servicio de carpintería y confección de ropa al gremio y es la empresa a través de la que los Moyano compraron tres propiedades en Parque Leloir. En una de esas casonas tiene fijado su domicilio la mujer de Moyano. Y Aconra es la constructora que llevó adelante obras emblemáticas vinculadas a los Moyano: la remodelación del Sanatorio Antártida en Caballito que sigue cerrado pese a que Moyano lo inauguró en enero pasado y parte de las obras para terminar el estadio de Independiente que presiden Hugo y Pablo. Aconra es presidida por Valeria Salerno, hijastra de Moyano.
Las tres compañías recibieron al menos 35 millones de pesos de Camioneros y la obra social, según una ampliación de denuncia que presentó la actual diputada de Cambiemos Graciela Ocaña ante Bonadio a principios de año.
Para Ocaña, la situación es aún más grave por que la obra social que le dio millones a las empresas de los Moyano está virtualmente quebrada por un monto de $ 636 millones. Según los balances que presentó la obra social ante la Inspección General de Justicia hace cuatro años que viene acumulando pérdidas. Pese a ese escenario siguieron alimentando con fondos frescos a las empresas vinculadas al jefe de los camioneros.
La causa por defraudación es un desprendimiento de otro expediente que investigaba la adulteración de medicamentos oncológicos por parte de Oschoca para cobrar reintegros del Estado y que se había iniciado en 2009 tras una denuncia de Ocaña.
Durante años, el expediente por defraudación estuvo virtualmente parado. De hecho, en mayo pasado la Cámara Federal rechazó un pedido de prescripción y ordenó seguir con la investigación. Con los peritajes, el expediente cobró impulso.
Los movimientos en este expediente clave se dan en medio del creciente conflicto entre los Moyano y el Gobierno. La semana pasada, tras declarar ente el fiscal Sebastián Scalera que investiga una asociación ilícita en Independiente, Pablo Moyano acusó al oficialismo de “armarle” causas. Los Moyano también son investigados por lavado y por irregularidades en OCA, la empresa postal.
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