“El trabajo vertebra la migración: la falta de trabajo decente empuja a millones de personas en el mundo a buscar en otros países mejores oportunidades; en el tránsito, el trabajo es fundamental para proseguir la ruta, y al llegar al destino, es crucial para la integración socioeconómica de estas personas trabajadoras y sus familias. Dado que la vulnerabilidad de esta población es alta y el potencial de su integración para el desarrollo de los países es extraordinario, la OIT se propone una estrategia que garantice sus derechos laborales y que, al mismo tiempo, impulse la productividad de los países”, señaló Ana Virginia Moreira, directora regional de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe.

En 2021 había 5,9 millones de trabajadores migrantes en América Latina y el Caribe, de los cuales el 40% eran mujeres. Las cifras van en aumento.

Moreira también destacó la contribución de las personas trabajadoras migrantes a los países de acogida cubriendo puestos vacantes, creando empleo, aportando a los sistemas de seguridad social y a los sistemas fiscales. Asimismo señaló que aportan a sus países de origen enviando remesas.

Para canalizar la respuesta a los desafíos y oportunidades de la migración laboral, los países plantean la estrategia en cinco áreas temáticas de acción:

- Fortalecimiento de la gobernanza de la migración laboral y coherencia de políticas.

- Aplicación de los principios y directrices para la contratación equitativa.

- Impulso de políticas públicas para crear empleo y reducir la informalidad.

- Medidas que favorezcan la movilidad laboral, la formación y el reconocimiento de competencias y calificaciones.

- Mejora de los sistemas y políticas públicas de protección social para la inclusión de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas.

“La estrategia ha sido construida colectivamente por gobiernos, empleadores y trabajadores. Ha establecido unos objetivos, pero posee la flexibilidad suficiente para adaptarse a los cambios en la migración y a los contextos específicos de cada país y subregión dentro del continente”, explicó Francesco Carella, especialista regional de la OIY de migración laboral y movilidad humana.

Según un informe de la OIT de 2021, de los 169 millones de personas trabajadoras migrantes del mundo 5,9 millones viven en América Latina y el Caribe. Las personas trabajadoras migrantes tienen tres veces más probabilidades de ser víctimas de trabajo forzoso que las no migrantes. A fin de hacer frente a este riesgo y prevenirlo, la estrategia regional incluye medidas específicas para garantizar la contratación equitativa.

“El trabajo forzoso obliga a las personas a trabajar mediante el uso de violencia o intimidación, o por medios más sutiles como una deuda manipulada, retención de documentos de identidad o amenazas de denuncia a las autoridades de inmigración; y eso atenta contra todo derecho y dignidad de la persona. Los Principios y directrices de la OIT para la contratación equitativa son la forma más efectiva de prevenir el trabajo forzoso y la trata de personas; esta prioridad, que también figura entre los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de las Naciones Unidas, es uno de los cinco ejes temáticos de esta Estrategia regional”, añadió Carella.

La OIT calcula que el trabajo forzoso de las personas trabajadoras migrantes genera unos beneficios ilegales de 37.000 millones de dólares en todo el mundo, una cifra que casi equivale al PIB de Paraguay.

Para hacer frente a las comisiones de contratación y los gastos conexos, en el mundo las personas trabajadoras migrantes necesitan de media unos cuatro meses de salario, según la Asociación Mundial de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (KNOMAD), de la que forma parte la OIT.