La exposición del fiscal Diego Luciani en la causa por la obra pública de Vialidad contra CFK culminó con un pedido de condena con 12 años de prisión y la imposibilidad de ejercer cargos públicos de por vida. Un sector del movimiento obrero ve esto como una amenaza al peronismo todo y como un avance de la asociación entre el partido judicial y parte de la oposición que busca sin eufemismos recortar los derechos laborales.

En ese sentido, el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli, con una larga trayectoria de apoyo a los gobiernos de los Kirchner, marcó, en diálogo con AM 530, la necesidad de movilizar en apoyo a la vicepresidenta.

«Yo soy técnico electricista pero algo de educación democrática tuve en la secundaria. La democracia se basa en la independencia de poderes y las sanciones del Poder Ejecutivo no pueden ser tomadas como asociación ilícita. Más cuando pasaron por la Cámara de Diputados, de Senadores y después se llevaron de cada uno de los gobernadores la licitación. Me parece, como dijo mi amigo (Miguel Ángel) Pichetto, que es mucho.», argumentó.

Y apuntó a una cuestión más de fondo, que tiene que ver con las atribuciones que se le está agregando al Poder Judicial, que hoy apuntan para un lado pero mañana podrían apuntar para otro: «Yo creo que las decisiones que pasan por el Ejecutivo y el Legislativo no pueden ser judicializables. Esto es como en la década del 70: hoy por mí, mañana por tí. Se equivocaron quienes los que lo llevaron a una acción del Ejecutivo a la Justicia. La política no se puede judicializar. Se están equivocando.»