La firma, que ayer recibió la visita de Patricia Bullrich, denunció a sus trabajadores y a referentes del gremio de lecheros que acompañaron las protestas. A partir de esa movilización Mayol se comprometió a regular a los trabajadores que tenía mal encuadrados y a quienes empleaba en negro.
En un giro curioso del conflicto en la planta de Lácteos Mayol, que no tiene fin, ahora la firma consiguió el plafón político del PRO y busca castigar en la justicia a sus propios trabajadores y a referentes del gremio de lecheros, Atilra.
Tras firmar del acuerdo en el marco del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en el que accedió a encuadrar correctamente a sus empleados mal categorizados y a registrar a quienes empleaba en negro, la familia Mayol decidió pasar a la ofensiva.
De hecho, mientras Patricia Bullrich visitaba la planta para acusar de mafias sindicales a los operarios, ayer un total de 28 personas que participaron en el acampe frente a la planta fueron citados a declaración indagatoria. Es en el marco de la causa por Robo agravado, daño y amenazas coactivas en concurso real que lleva adelante la titular de la Fiscalía 2 de Cañuelas.
Los imputados son 23 dirigentes pertenecientes a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) y cinco operarios.
Los dueños de la empresa, con el patrocinio de los abogados Juan Fontana y Juan Beluardo, radicaron una denuncia penal por daños en las instalaciones, invasión de la propiedad, robo de mercadería y amenazas.
En la previa de la visita de Bullrich, los Mayol recibieron el respaldo de otra referente del PRO. Horas antes había llegado hasta la planta Carolina Píparo, quien también se encargó de acusar de «mafiosos» a los trabajadores.
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