Hace más de un año que el gobierno español aprobó la ley “Riders” para que los repartidores que operan como falsos autónomos tengan su contrato de trabajo regularizado.
Por Antonio Ruda
Desde entonces la empresa Glovo viene resistiéndose a cumplir ese texto vigente desde 2021.
Su estrategia se basa en crecer, aun asumiendo perdidas, con tal de conquistar cuota de mercado.
Glovo no solo no respeta la legislación española, sino que vulnera la normativa europea y se salta las directivas regionales, que van en la misma dirección que las ibéricas.
Recientemente, la Organización Internacional del Trabajo condenó estas prácticas y ahora busca dotar de derechos a los millones de trabajadores que participan en estas plataformas.
Esta situación de incumplimiento y de abuso de parte de Glovo no afecta solamente a los trabajadores y trabajadoras, sino que genera también una competencia desleal por parte de una empresa tramposa con otras que se ajustan a la legislación.
No es legítimo que un negocio resulte rentable en base al incumplimiento de la normativa laboral y los derechos humanos.
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