Por: Nicolás Balinotti.

Con el objetivo de tener un rol más activo rumbo a las elecciones generales del 22 de octubre, la CGT se pone al frente de la recaudación de fondos de campaña para Sergio Massa a pedido de Juan Manuel Olmos, el vicejefe de Gabinete. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria encabezará el lunes próximo una cena en Parque Norte, cuyo predio pertenece al Sindicato de Empleados de Comercio, y en el que las mesas para 10 comensales se cobran desde 100.000 hasta 5.000.000 de pesos.

El apoyo económico a la candidatura del ministro fue uno de los ejes de debate de la reunión que mantuvo la mesa chica de la CGT en la sede de los estatales de UPCN. Desde Unión por la Patria le habrían pedido colaboración a los gremios para poblar el salón y garantizar la ocupación total. Los valores de los aportes dependen de la cercanía de los concurrentes a la mesa principal, donde se ubicarán Massa y Agustín Rossi, su compañero de fórmula, entre otros funcionarios. Cada mesa es para 10 comensales y los costos son los siguientes: $100.000 (sector amarillo); de 100.001 a 999.999 (verde); 1.000.000 a 4.999.999 (celeste), y de 5.000.000 en adelante (negro).

“La cena es para que vayan empresarios. Nosotros no tenemos nada que ver”, tomó distancia Andrés Rodríguez, jefe de UPCN, al ser consultado por LA NACION. Sin embargo, otros dos dirigentes de peso de la central obrera confirmaron la participación gremial en el evento y el pedido de la coalición oficialista para aportar fondos para la campaña electoral, aunque negaron estar detrás de la organización del encuentro. “Juan Manuel Olmos y su gente están con la organización. Nosotros solo armamos el acto en Malvinas Argentinas”, aclaró un jerárquico cegestista.

El aporte gremial para el financiamiento de la política no es nuevo, a pesar de que está prohibido por ley. En 2018, durante la gestión de Cambiemos, hubo un proyecto de ley que no prosperó y cuya finalidad era transparentar los aportes que suelen hacerse de manera encubierta. La iniciativa había tenido por entonces aval del oficialismo y la oposición.

El mecanismo al que apela ahora Massa es similar al que se utilizó en las presidenciales de 2015. Por entonces, la CGT casi a pleno se había alineado detrás de la candidatura de Daniel Scioli. En un encuentro en Costa Salguero, denominado “la mesa sindical Scioli 2015″, más de 150 sindicatos compraron “cubiertos” para un acontecimiento en el que no hubo nada para comer. Un dato para esta ocasión: el lunes estaría a cargo del servicio catering una firma ligada a Luis Barrionuevo, según comentó una fuente sindical al tanto de la organización del evento.

Los aportes encubiertos también fueron parte de la campaña del macrismo. Ramón Ayala, exlíder de los ruralistas de la Uatre, quedó involucrado en el escándalo por la supuesta existencia de aportantes falsos a la campaña de Cambiemos, en 2017. Ayala se enteró al aire, durante una entrevista con FM La Patriada, de que su nombre aparecía en la lista de aportantes. “¿Vos aportaste a la campaña de Cambiemos?”, le preguntó el periodista Juan Amorín, quien reveló el caso. “No”, contestó Ayala, tajante. Y reforzó: “Colaboramos con la campaña, trabajamos, actuamos. Pero aportes económicos no hemos hecho ninguno”. Más tarde, se corrigió: aclaró que había participado de una cena en Pergamino en el marco de la campaña de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña, y que por eso apareció en la nómina de aportantes. Ayala pagó $5000 la tarjeta.

La polémica por el bono de $60.000

Además de la recaudación para la campaña de Massa, otro de los temas que guió el encuentro sindical fue la resistencia de gobernadores, intendentes y empresarios a hacer frente al pago del bono de $60.000 impuesto por Massa. La CGT reaccionó rápidamente y apoyó el bono que dispuso el ministro para los asalariados con sueldos menores a $400.000 netos. El comunicado que se apuró el domingo a la noche escondía una presunción que tenían algunos sindicalistas, que habían advertido que la medida podría dificultarse porque altera en algunos casos el curso de las paritarias. En la central obrera no sorprende hoy la rebelión de los gobernadores y de algunas cámaras empresarias que rechazan la imposición salarial del ministro-candidato.

“Se manejó de manera desordenada, fue algo improvisado. Lo mismo con la declaración de Kelly Olmos sobre las denuncias anónimas por incumplimiento: el día que se resuelvan lo más probable es que haya otro gobierno”, aventuró un dirigente sindical que forma parte del bastión de “los Gordos” (grandes gremios de servicios).