Hace apenas algunas jornadas el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia con el que se otorgó un bono de fin de año de 24 mil pesos para el universo de trabajadores registrados que perciban hasta 3 salarios mínimos.

La decisión oficial contrastó de inmediato con la intención de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) de eludir el pago.

La situación abrió un foco de conflicto con la Unión Personal de Seguridad Republica Argentina (UPSRA), el sindicato que comanda Ángel García, que confirmó que corresponde que el universo de sus afiliados y de todos los trabajadores del sector perciban el beneficio.

El sindicato, además, convocó a sus afiliados y se declaró en estado de alerta y movilización desde ayer a fin de hacer valer los derechos de sus representados.

Para tratar de encontrar una solución y en medio de las presiones de unas bases en ebullición, el Ministerio de Trabajo convocó a una audiencia. Será a las 13:30 horas y tendrá como objetivo encauzar el pago de la gratificación que para el Gobierno fue una forma de robustecer los salarios en un año de alta inflación.

La UPSRA es el gremio mayoritario de la actividad, con reconocimiento legal, y el que marca el pulso salarial del país para los vigiladores privados del país.