La medida fue establecida mediante la Resolución 1066/2026 del Ministerio de Salud, firmada por el ministro Mario Lugones, y alcanza al Hospital Posadas, el Hospital Bonaparte, el Hospital Sommer, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur y el Hospital Carrillo.

La normativa reglamenta el DNU 366/2025, que modificó la Ley de Migraciones. A partir de su implementación, las personas alcanzadas deberán pagar antes de recibir atención, con excepción de aquellos casos en los que exista un riesgo de vida inminente.

Desde FESPROSA advirtieron que el cobro en el momento de la admisión puede impedir o demorar el acceso efectivo a los servicios sanitarios.

“Esta resolución es una violación abierta al principio de la Organización Mundial de la Salud y de Naciones Unidas, que establece con claridad que arancelar la atención en el punto de admisión se convierte siempre en una barrera para la atención eficaz”, sostuvo la presidenta de la federación, María Fernanda Boriotti.

La organización señaló que la resolución no constituye un hecho aislado, sino que se suma a las restricciones implementadas en los sistemas sanitarios de Salta, Mendoza y Jujuy.

También cuestionó la política impulsada por el gobierno porteño de Jorge Macri, que, según la federación, limita el acceso a determinados servicios públicos tanto para extranjeros como para residentes del conurbano bonaerense.

FESPROSA puso especial atención sobre el impacto que tendrá la medida en el Hospital Posadas, considerado el establecimiento nacional con mayor volumen de atención al público general.

El hospital se encuentra ubicado en una zona estratégica del oeste y noroeste del conurbano bonaerense, donde reside una parte importante de las comunidades migrantes del país.

Para la federación, el Gobierno debería fortalecer los mecanismos de compensación sanitaria existentes entre los países de la región en lugar de trasladar el costo directamente sobre las personas.

“Los mecanismos de compensación entre países ya existen: el MERCOSUR y el tratado SGT-11 de Mercosur Salud son las herramientas que el Estado debería fortalecer, no reemplazar por el cobro por adelantado a un trabajador migrante que se rompe una pierna en una obra”, advirtió Boriotti.

Para FESPROSA, la salud constituye un derecho humano que debe ser garantizado independientemente de la nacionalidad o la situación migratoria de las personas.

La federación exigió la derogación de la Resolución 1066/2026 y reclamó que el Estado fortalezca los mecanismos regionales de cooperación y compensación sanitaria dentro del MERCOSUR.

La organización sostuvo que la soberanía sanitaria debe construirse mediante el acceso universal a la atención y no a través de nuevas restricciones dentro de los hospitales públicos.