La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su conformidad con el reciente fallo del juez Martín Cormick que dejó sin efecto el denominado “protocolo antipiquetes” impulsado por el Ministerio de Seguridad para regular las manifestaciones sociales que incluyen cortes de calle.

La decisión judicial se dio en el marco de una acción de amparo presentada por diversas organizaciones sindicales y de derechos humanos, y anuló los efectos de la resolución 943/2023. Según el fallo, el Ministerio de Seguridad se habría atribuido facultades en materia penal y procesal que exceden las competencias propias del Poder Ejecutivo.

Desde la central obrera señalaron que el pronunciamiento judicial representa un freno a lo que consideran una herramienta de criminalización de la protesta social, instaurada por el Gobierno nacional. En ese sentido, remarcaron que la resolución invalidada afectaba el ejercicio de derechos constitucionales vinculados a la libre expresión y la protesta.

Finalmente, la CGT reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores, y sostuvo que continuará dando esta disputa en todos los ámbitos necesarios: en la calle, en la Justicia y en el plano legislativo.