El conflicto por las indemnizaciones en la recolección de residuos abrió una disputa que, aunque no enfrenta directamente a Jorge Macri con Hugo Moyano, sí expone un choque político inevitable entre el moyanismo y el Gobierno porteño. El reclamo formal está dirigido a las empresas concesionarias, pero la Ciudad tomó postura pública, intervino en la discusión y quedó metida de lleno en un conflicto que se juega en la rama más sensible de Camioneros.

El gremio exige el pago adelantado de indemnizaciones a los recolectores, un planteo que las empresas rechazaron por "inviable" y que la administración porteña calificó como "desatinado". Esa respuesta encendió la mecha y transformó una negociación laboral privada en un tema político de alto voltaje, que mezcla internas sindicales, tensiones en la base y un Gobierno que busca marcar límites en un servicio esencial.

El Gobierno regula el servicio, define los contratos y fiscaliza el cumplimiento, pero además fijó una postura política firme. "Nosotros no vamos a ceder", remarcaron desde la administración de Jorge Macri. Y agregaron: "Esa conversación la tendrán con las empresas, no con el Gobierno de la Ciudad". La intervención pública del Ejecutivo porteño terminó por escalar el conflicto y lo corrió del plano técnico al político.

La tensión se multiplica porque el conflicto estalla en la rama más dura del sindicato: Recolección de Residuos, conocida como "La Reco", considerada la "guardia pretoriana" de Camioneros. Allí crece la figura de Marcelo "Feucho" Aparicio, dirigente con peso propio y capacidad de disputa interna. Para el moyanismo, el momento es crítico: los recolectores están esperando avances sobre las indemnizaciones y la interna sindical llega recalentada al congreso de renovación de autoridades.

En distintas plantas ya hubo asambleas donde se discutió el reclamo. Entre los trabajadores circula la posibilidad de un acuerdo alternativo que se evalúa como salida parcial: incorporar dos comidas extras por trabajador como ítem salarial, un equivalente aproximado de $100.000 por recolector. Sería una forma de mostrar avance hacia adentro sin modificar las condiciones contractuales formales.

Las empresas, sin embargo, mantienen firme su posición. En la primera reunión, calificaron el planteo como "inviable" y pasaron a un cuarto intermedio sin señales de flexibilización. Reiteran que cualquier cambio debe darse dentro del marco del contrato vigente, que no prevé indemnizaciones hasta 2028.

Por ahora, la disputa deja un panorama abierto: un gremio que necesita mostrar fortaleza interna, empresas que rechazan absorber costos no previstos y un Gobierno porteño que, aunque no negocia formalmente, quedó inescapablemente involucrado en un conflicto que puede escalar en uno de los servicios esenciales de la Ciudad