Mientras el grueso de las negociaciones pasan por fuera del Congreso, el oficialismo puso en marcha en el Senado la “comisión técnica” sobre la reforma laboral que se topó con una sorpresa para el Gobierno: una presentación conjunta de distintas cámaras empresarias que --aunque respaldan el “espíritu” de la propuesta-- solicitaron la eliminación de cinco artículos del proyecto en una extraña coincidencia con los reclamos de la CGT. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), sostienen que la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT) que obliga a las empresas y los sindicatos a una negociación permanente, genera un desgaste y un clima de mayor incertidumbre para empleadores y trabajadores; además del impacto desigual que este punto tiene entre las grandes compañías y las pymes.

La jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, delegó en su asesora Josefina Tajes la puesta en marcha de la comisión técnica que recoge opiniones de distintos sectores sobre el proyecto de reforma laboral en la previa al debate en la Cámara alta que ya tiene fecha, el 11 de febrero como parte de la convocatoria del Gobierno a sesiones extraordinarias del Congreso. La primera visita que recibió Tajes --mientras la cita con la CGT sigue en stand by-- fue de un grupo de cámaras empresarias (ADIMRA, CAME y CAC) que llevaron al oficialismo un planteo conjunto. Si bien las entidades dicen aspirar a que la iniciativa tenga un impacto positivo en la generación de empelo, objetaron cinco artículos que perjudicarían a las pequeñas y medianas empresas, que generan el 80 por ciento del trabajo en el país. Una postura que coincide con los reclamos que la principal central sindical exhibe sobre el proyecto. Entre los puntos que objetan las empresas, está el artículo 126 del proyecto que elimina la ultraactividad de los CCT y su vigencia hasta tanto sea reemplazado por otro. Lo que obligaría a las empresas y a los sindicatos a renegociar de manera permanente con el desgaste que implica para ambas partes. Las cámaras advierten sobre el riesgo de que se generen vacíos legales que provoquen un aumento de la litigiosidad en perjuicios de las pequeñas y medianas empresas, que no cuentan, como las grandes compañías, con estructuras legales de grandes estudios de abogados. Un punto que con otros argumentos también es rechazado por la CGT.

En tanto, los artículos 130 y 131 proponen hacer prevalecer convenios de ámbito menor sobre otros de ámbito mayor, con lo que barre el principio de negociación por sector o rama de actividad que establece condiciones de igualdad para todas las empresas y sus trabajadores en todo el territorio nacional. Los empresarios consideran que la eliminación de reglas comunes podría generar competencia desleal, ya que las empresas mas grandes podrían imponer una negociación que les permita bajar salarios para ganar competitividad vía costos laborales. Para la CGT estos artículos intentan barrer con las negociaciones colectivas y pondría a trabajadores en una situación de debilidad frente a las empresas. Otro de los artículos cuestionados es el 132, que establece que la autoridad administrativa del trabajo podrá “decretar la suspensión de los efectos del acto de homologación” de los CCT “cuando se alegare y demostrare sumariamente que su aplicación genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general”.

Para las cámaras empresarias, esto también generaría incertidumbre normativa y podría impulsar el aumento de la litigiosidad. Por último, objetaron el artículo 128 que va en contra de la organización de las propias cámaras empresarias. El texto elimina la obligatoriedad de los aportes o contribuciones patronales especiales destinados a cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores. Los empresarios sostiene que esos aportes se destinan al funcionamiento de las mismas cámaras y también al desarrollo de actividades en todo el país y cursos de capacitación para el sector. Aunque se trata de solo cinco artículos sobre más de 200 que contiene el texto que Javier Milei presentó al Congreso, la postura de estas cámaras empresarias podrían complicar el camino legislativo de la reforma laboral, que el oficialismo ya considera allanado como pregonan algunos de sus voceros.

La CGT no descarta medidas

Todavía sin citación del oficialismo para exponer en el Senado, la CGT evalúa endurecer la postura contra la reforma laboral. “No descartamos ninguna medida de fuerza”, adviertió el triunviro de la conducción cegestista Cristian Jerónimo, durante una entrevista periodística en la que reclamó cambios en el proyecto a favor de los trabajadores y las pymes.

Aunque la estrategia de la central sindical estuvo puesta en la conversación con legisladores y gobernadores, aun mantiene todas las opciones abiertas. “La idea es reunirse de a dos o tres gobernadores a la vez”, dijo el dirigente del sindicato del vidrio a Radio10. Afirmó que mantienen buena recepción de senadores y senadoras, y que, si no se avanza, convocarán al consejo directivo de la CGT para definir nuevas medidas.

“Podemos hacer una marcha o un paro si no escuchan nuestro reclamo”, sostuvo Jerónimo aunque aclaró que la prioridad es construir mayoría en el Congreso para garantizar cambios reales en el proyecto.