El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, explicó en una entrevista con el programa Imagen de Trabajo que el encuentro con las confederaciones sindicales buscó avanzar en una agenda común para “proyectar un modelo de país con derechos, justicia social y perspectiva de futuro para las y los trabajadores”. En ese marco, sostuvo que “nuestra responsabilidad es gremial, la solución es política”, al remarcar que el movimiento obrero pretende impulsar un debate más amplio sobre el rumbo económico y social del país.

En paralelo, Sola encabezó en representación de las tres centrales sindicales argentinas una presentación formal ante la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, en Ginebra, donde cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno desde diciembre de 2023. Durante su exposición, denunció el incumplimiento de convenios internacionales vinculados al diálogo social, la inspección laboral y la administración del trabajo, al considerar que fueron reemplazados por decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.

La presentación también apuntó contra la reducción de la estructura del antiguo Ministerio de Trabajo, convertido en secretaría, los despidos de personal especializado y el achicamiento de organismos estatales encargados de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral. Según la CGT, estas medidas debilitan la capacidad del Estado para garantizar la protección de los trabajadores.

Además, la central sindical cuestionó el impacto del DNU 70/23, la Ley Bases y la Ley de Modernización Laboral, al sostener que promueven una mayor flexibilización de las relaciones laborales. En la denuncia también se incluyeron críticas al ajuste sobre organismos científicos, universidades, infraestructura, sistemas de protección social y políticas de género, sectores que, según las centrales obreras, resultaron afectados por el proceso de reducción del gasto público.

Otro de los ejes de la exposición fue la crítica a la política de seguridad aplicada frente a las protestas sociales. La CGT sostuvo que el Ejecutivo avanzó en la “criminalización del conflicto social” mediante protocolos que priorizan la intervención de las fuerzas de seguridad por encima de los mecanismos de mediación institucional.

Como cierre de la presentación, Jorge Sola advirtió que, si no existe una apertura al diálogo social y un cambio en las políticas laborales, las centrales obreras continuarán recurriendo a los organismos internacionales para denunciar lo que consideran una vulneración de derechos. “Vamos a utilizar todas las instancias internacionales disponibles para defender a los trabajadores y la justicia social”, afirmó.