Desde hace mucho tiempo, como resultado de problemas de vieja data, la Argentina soporta un crecimiento preocupante de la informalidad laboral, que afecta a casi la mitad de las personas ocupadas según los datos del Indec.

El 46,9% de los trabajadores declara recibir ingresos y salarios con descuento jubilatorio. Otro 27,3% dice que cobra un salario sin beneficios sociales y el 22,2% asegura que trabaja por cuenta propia, lo que incluye tareas de baja calificación y remuneración. De acuerdo a los datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina en 2022 el 51% de la población se encontraba en situación de subempleo o precariedad laboral, siendo el ingreso medio de los trabajadores informales un 48,9% inferior al de los que trabajan en el sector privado y un 39,3% menor al de quienes cumplen tareas en el sector público.

Además de llevar a los trabajadores a condiciones laborales inestables y mal remuneradas, sin aportes jubilatorios ni beneficios sociales, la informalidad laboral provoca y perpetúa la desigualdad y la exclusión social, y afecta el desenvolvimiento de la economía, con la competencia desleal de quienes emplean a estos trabajadores, la menor recaudación fiscal y el desfinanciamiento del sistema previsional.

Las cifras del sistema previsional son claras al respecto. Del total de jubilados y beneficiarios de pensiones contributivas, nada menos que el 60% obtuvo tal beneficio a través de moratorias. Y por cada jubilado o pensionado hay apenas 1,6 trabajadores aportantes al sistema previsional, una proporción que resulta insostenible. Se trata de un problema que se agrava con la baja de la tasa de natalidad y con el aumento de la expectativa de vida que viene registrándose en las últimas décadas.

Sin embargo, una gran parte de nuestra dirigencia no ha tomado conciencia y prosigue con propuestas demagógicas de imposible cumplimiento en vez de encarar una reforma profunda del sistema previsional y de su financiamiento, precedida de una reforma laboral que incentive la contratación de trabajadores y ataque el flagelo de la informalidad.

La baja productividad de nuestra economía como producto de una baja tasa de inversión es la causa más profunda de la informalidad laboral, que suele paliarse con empleo público que agrava la situación fiscal y dista de traducirse en servicios de calidad para la población.

Uno de los obstáculos más importantes para resolver el problema es una legislación laboral que desalienta el empleo y que responde a realidades productivas de hace más de medio siglo, en las que el sindicalismo local abreva. El costo de salida del empleo dificulta la entrada en el sistema. La legislación laboral parece diseñada para favorecer a los profesionales que intervienen en la “industria del juicio” y que cuenta entre sus actores a buena parte del fuero laboral.

Se presenta incluso la paradoja de que, mientras desciende la siniestralidad, sube la litigiosidad por riesgos y accidentes del trabajo. Se estima en 140.000 el número de nuevos juicios laborales para este año.

Las cifras de informalidad laboral son mayores en las provincias con menor calidad institucional, como sucede en los feudos de los Zamora y los Insfrán. Del 25% de informalidad de la ciudad de Buenos Aires, vemos cifras parecidas e incluso menores en el sur del país, pero que se elevan al 40% en el conurbano bonaerense y van creciendo a medida que nos internamos en el norte, donde la baja productiva, el gasto público de escasa o nula rentabilidad social al servicio de las oligarquías gobernantes y de empresarios prebendarios, y una educación de baja calidad elevan las cifras por encima del 70%.

El país debe afrontar un programa de reformas de largo plazo para concluir con esta situación que ratifica el proceso de deterioro institucional, económico y educativo, con sus consecuencias de empobrecimiento para vastos sectores del pueblo argentino y que interpela a un país que cuenta con enormes riquezas que no hemos sido capaces de movilizar para mejorar el nivel de vida de todos.