El Ejecutivo publicó el Decreto 585/2025, que reorganiza distintos organismos del Estado bajo la órbita del Ministerio de Economía. Entre los cambios, se incorpora al INPI y al INTA, se reemplaza la CNRT por la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, la Junta de Seguridad en el Transporte por la Agencia de Investigación de Accidentes de Aviación, y se transforma la Casa de la Moneda Sociedad del Estado en una Sociedad Anónima Unipersonal.

Desde ATE sorprendió la publicación y llamó la atenció ante un curioso motivo. Su secretario general Rodolfo Aguiar rechazó la medida y la calificó de “manotazo de ahogado” tras la derrota en Diputados, cuando se aprobó un paquete de leyes que inclue financiamiento hacia varios sectores, entre ellos la Salud y el Universitario.

Según el dirigente nacional estatal, el decreto es “inaplicable” porque “a diferencia de los anteriores, no entra en vigencia a partir de su publicación, y debe regirse por el Código Civil y Comercial en su artículo 5”.

“El Presidente insiste en gobernar por decreto para seguir desguazando el Estado. El 585/25 es inaplicable. Antes, este jueves el Senado debe sesionar y poner fin al totalitarismo del Gobierno”, advirtió Aguiar.

Lo planteado por ATE abre un escenario de polémica jurídico-política ya que la expresión de Aguiar tiene sustento en el artículo 5 del Código Civil y Comercial, que establece que las leyes —y por extensión los decretos— rigen “al octavo día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen”. En la práctica, casi todos los decretos aclaran expresamente que entran en vigencia desde su publicación. Al no hacerlo, el 585/25 quedaría alcanzado por la regla general y su aplicación se diferiría una semana.