La reunión contó con la presencia de representantes de las cámaras patronales, AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA, que pintaron un escenario negativo en el sector. Según el acta oficial de la audiencia, las empresas sostienen que atraviesan una situación económica y operativa de «extrema fragilidad patrimonial», lo que coloca al sistema en un estado de “virtual inviabilidad”.

Desde la parte empleadora, el discurso volvió a ser unánime respecto a la imposibilidad de afrontar aumentos salariales importantes sin una actualización de los subsidios o las tarifas. Las cámaras denunciaron un “cuadro de estrangulamiento financiero” producto de:

El incremento constante en costos operativos como combustibles, repuestos y seguros.

Severas distorsiones tarifarias y falta de actualización de los mecanismos de compensación económica por parte del Estado.

Una situación “cuasi terminal” que compromete el pago de salarios, cargas sociales y proveedores estratégicos.

Los empresarios advirtieron que, mientras no se reconozca una nueva estructura de costos por parte de las autoridades, no podrán realizar ofrecimientos que satisfagan las aspiraciones sindicales.

La representación sindical liderada por Fernández fue lapidaria al evaluar las manifestaciones patronales. Desde la UTA afirmaron que los trabajadores del transporte automotor se encuentran “virtualmente rehenes de un sistema paralizado”, víctimas de la inacción empresaria y de la falta de respuestas claras por parte del Estado.

“La UTA exige una respuesta inmediata y concreta al pedido de aumento salarial”, dejó planteado la organización en el acta, enfatizando el carácter alimentario de los haberes. El gremio cuestionó el modelo de transporte que se pretende sostener si las empresas “se caen” y los trabajadores no perciben sus sueldos en término o se enfrentan a una creciente precarización.

Ante la falta de avances, la UTA anunció formalmente que se encuentra en estado de alerta. El sindicato evaluará en los próximos días la implementación de medidas de acción directa en defensa del salario. “La paz social no se reclama, se construye con responsabilidad, diálogo y respuestas concretas”, sentenciaron desde el gremio.

Frente al riesgo inminente de un paro de actividades que afecte a millones de usuarios, los funcionarios que dependen de la secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, instaron a ambas partes a extremar esfuerzos para acercar posiciones. Con ese marco, se fijó una nueva audiencia virtual para el próximo martes 13 de enero a las 14:00 horas.