Elizabeth Peger

En una decisión que abre un nuevo frente de tormenta con los gremios apenas una semana después de la masiva marcha de la CGT, el Gobierno dispuso un millonario recorte de los fondos destinados a las obras sociales que administran los sindicatos en el marco de la poda de gastos resuelta por el ministro de Economía, Sergio Massa, para cumplir con la meta del déficit acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La medida fue comunicada formalmente en las últimas horas por autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a la conducción de la CGT. Según la información transmitida a los sindicalistas, desde ahora y hasta fin de año el Ejecutivo transferirá a las prestadoras médicas de los gremios un total de $ 1.500 millones del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), recursos que son utilizados para el financiamiento de tratamientos de alta complejidad, servicios de discapacidad y otras prestaciones.

La decisión oficial encendió la alarma generalizada entre los gremios: es que la cifra de transferencias comprometida para los próximos cuatro meses representa apenas el 10% de los recursos mensuales promedio que recibieron sus prestadoras hasta agosto. De acuerdo con los cálculos que realizaron en la cúpula sindical la poda para las obras sociales implica unos $ 10.000 millones.

Alarma en la conducción de la CGT por el recorte de fondo a las obras sociales sindicales.

"Con esta decisión el sistema va a explotar, no aguanta", advirtió uno de los principales referentes de la central obrera consultados por Clarín. Otro dirigente advirtió que sin la garantía de partidas presupuestarias que financien el déficit del FSR, que según las estimaciones de la CGT alcanzará este año a más de $ 50.000 millones, será "insostenible" el sistema. "No hay margen para garantizar los servicios con este recorte", aseguró.

La situación generó fuerte malestar puertas adentro de la central obrera y derivó en un encuentro reservado de un grupo de importantes gremios, convocado por el gastronómico Luis Barrionuevo. Allí se expusieron fuertes críticas al trío de conducción cegetista, que componen Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, por la "tibieza" del documento que emitió la entidad en la marcha de la semana pasada y, tras reprochar duramente la falta de reacción del triunvirato ante el millonario recorte de los fondos a las obras sociales, amenazaron con romper con la central.

"Al final el ajuste que dispusieron en Salud lo van a terminar financiando las obras sociales", apuntó a Clarín uno de los dirigentes que participó de esa reunión.

Advertencia a Massa

Durante la cena que mantuvieron con Massa un par de semanas atrás, referentes de la jefatura cegetista alertaron al ministro por las dificultades de financiamiento que enfrentan sus prestadoras, aún antes de la nueva poda de fondos, y le reclamaron mayores recursos para resolver la situación. Por eso los dirigentes se mostraron sorprendidos este miércoles con el recorte y anticiparon que pedirán una reunión con Massa y el propio presidente Alberto Fernández para exigir que se revea la situación.

Desde los gremios pusieron en números el impacto que tendrá la decisión del Gobierno en los ingresos de sus prestadoras. Hasta este mes las obras sociales recibieron transferencias provenientes del FSR (que se nutre de una parte de los aportes y contribuciones de trabajadores y empresas) que promediaron los $ 4.000 millones mensuales. El nuevo ajuste dispuesto por Economía supone el compromiso de fondos hasta fin de año por un total de $ 1.500 millones, poco menos de $ 400 millones por mes, es decir apenas el 10% de lo que recibieron en los primeros ocho meses del año.

Con el promedio de transferencias previo al recorte, en la CGT estimaban que este año las obras sociales que administran registrarían un déficit operativo de $ 49.410 millones.

Fracaso de las gestiones

Por ese motivo, un grupo de dirigentes encabezado por José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) puso en marcha meses atrás una gestión con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, primero y luego con el actual vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, con el propósito de alcanzar en un entendimiento para que el Estado asuma el costo de los gastos de educación y transporte de discapacitados. Según las estimaciones sindicales, el financiamiento de esos servicios representa para las obras sociales un gasto anual cercano a los $ 35.000 millones.

Las negociaciones avanzaron y hasta trascendió el borrador de un decreto elaborado por el Ejecutivo para resolver el reclamo cegetista. Sin embargo, el acuerdo no prosperó y la discusión volvió a trabarse. La conducción sindical aprovechó su última reunión de hace 10 días con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el propio Olmos para para volver a la carga con el mismo reclamo, pero no lograron destrabar el tema. "Está todo frenado, no hay respuestas", comentó -pesimista- otro gremialista consultado.

La poda de recursos a las obras sociales sindicales se inscribe en el fuerte recorte de gastos del Presupuesto nacional dispuesto por Massa esta misma semana, en consonancia con la designación de Gabriel Rubinstein como viceministro de Economia. El achique final neto alcanza a $ 128.000 millones y afecta centralmente a inversiones (gastos de capital), y a los ministerios de Salud, Educación y Obras Públicas.