La Cámara de Diputados aprobó en general y en particular la reforma laboral impulsada por el Gobierno, consolidando una transformación profunda del sistema de relaciones laborales argentino. Con votaciones ajustadas en los artículos más sensibles, el oficialismo logró avanzar sobre jornada, indemnizaciones, negociación colectiva, derecho de huelga, justicia laboral y estatutos profesionales, en lo que constituye un rediseño integral del esquema construido durante décadas.

Uno de los núcleos centrales del paquete es la flexibilización del tiempo de trabajo, aprobada con 133 votos afirmativos y 116 negativos. Allí se habilita el fraccionamiento de vacaciones y el banco de horas, además de incorporar esquemas de salario por productividad. Estos cambios alteran la lógica tradicional de jornada fija y pago de horas extras, permitiendo una mayor adaptabilidad empresarial en la organización del tiempo laboral.

En paralelo, se aprobó la creación del Fondo de Asistencia Laboral para financiar indemnizaciones (130 votos afirmativos, 117 negativos y 3 abstenciones). El nuevo esquema establece que aportes que hasta ahora integraban el financiamiento del sistema previsional podrán destinarse a un fondo específico para cubrir eventuales despidos. ARCA actuará como organismo de transferencia, realizando el pase de esos recursos desde las empresas hacia los instrumentos financieros que se definan por reglamentación -como compañías de seguros u otros fondos privados- donde quedarán resguardados hasta que el empleador necesite utilizarlos. En la práctica, el mecanismo implica redirigir recursos que nutrían el sistema previsional hacia un esquema financiero destinado a cubrir indemnizaciones, modificando tanto la lógica del despido como el flujo de financiamiento de la seguridad social.

La reforma también avanzó sobre el plano institucional con el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires (135 votos a favor y 110 en contra). Este punto reconfigura el fuero laboral histórico y podría incidir en los criterios jurisprudenciales, alterando el equilibrio en la resolución de conflictos entre trabajadores y empresas.

En materia sindical, uno de los cambios más estructurales fue la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, aprobada con 131 votos afirmativos y 117 negativos. Esto implica que, vencido un acuerdo, deja de regir si no se renueva. Además, se establece que el convenio por empresa podrá prevalecer sobre el convenio de rama, fragmentando la negociación sectorial y debilitando la homogeneidad salarial por actividad.

Otro de los artículos más discutidos fue el que amplía las actividades consideradas esenciales o trascendentales, impactando directamente sobre el derecho de huelga (131 votos a favor y 119 en contra). Con este cambio se amplían los servicios mínimos obligatorios y se reducen los márgenes de acción para medidas de fuerza en múltiples sectores, uno de los puntos de mayor tensión política dentro del recinto.

El paquete incorpora además regímenes específicos para PyMEs, modificaciones al trabajo a domicilio, cambios en el régimen agrario y la creación de un régimen particular para plataformas digitales, donde se establece que los trabajadores de apps no serán considerados empleados en relación de dependencia, consolidando un modelo de trabajador independiente.

La votación más ajustada de toda la sesión se dio en el capítulo que deroga estatutos profesionales -entre ellos el del periodista- y elimina la Ley de Teletrabajo (126 votos afirmativos, 119 negativos y 4 abstenciones). Fue el artículo que dejó en evidencia la mayor fractura dentro del recinto, exponiendo tensiones incluso en sectores que acompañaron otros puntos de la reforma. La derogación impacta directamente en garantías laborales históricas, mientras que la eliminación de la Ley de Teletrabajo deja sin efecto derechos como la desconexión digital, la provisión de herramientas por parte del empleador y la posibilidad de revertir la modalidad remota.

De este modo, la iniciativa no introduce cambios parciales sino que configura una reestructuración integral del modelo laboral argentino, con impacto simultáneo en la relación individual de trabajo, la negociación colectiva, la estructura sindical y el sistema judicial.

Ahora, el proyecto pasará nuevamente a la Cámara de Senadores, donde ya fue formalizado el llamado a un plenario de comisiones para este viernes con el objetivo de emitir un nuevo dictamen. El oficialismo busca cumplir con los siete días reglamentarios que exige la Cámara alta para llevar la iniciativa al recinto el 27 de febrero. Allí podrían introducirse modificaciones, principalmente en el capítulo referido a licencias por enfermedad, uno de los puntos que generó mayores cuestionamientos durante el tratamiento en Diputados. El Senado tendrá la última palabra sobre un paquete que reabre una discusión estructural sobre el modelo laboral argentino.