El plan oficial es avanzar con la reforma laboral en sesiones extraordinarias y negociar votos con gobernadores. Los puntos fundamentales del proyecto.
El Gobierno no quiere esperar a las sesiones ordinarias de 2026 para debatir su proyecto de reforma laboral. Los planes de Javier Milei son acordar estas semana los puntos básicos con los gobernadores para contar con apoyo parlamentario y avanzar con la iniciativa en sesiones extraordinarias a partir del 11 de diciembre, cuando se renueven las cámaras de Diputados y Senadores, y aprovechando el envión del resultado electoral del 26 de octubre.
En el oficialismo reconocen que no hay tiempo que perder y deben aprovechar el consenso social que surgió de las urnas y que puede durar poco ante un proyecto de flexibilización laboral agresiva como el que buscan establecer.
El texto que, según dicen, va a “cambiar drásticamente el mercado de trabajo”, ya generó rechazos de la CGT y la CTA Autónoma, mientras Milei ya adelantó que considera una prioridad «dinamizar» el mercado del trabajo.
Por eso, en la administración libertaria adelantaron que, junto con el presupuesto, la reforma laboral se incluirá en una convocatoria a extraordinarias, aprovechando además que el bloque violeta junto con el PRO van a reunir 111 bancas sobre 257 en la Cámara de Diputados, una cifra que lo posiciona muy bien para negociar cualquier iniciativa.
La idea es replicar -partiendo de una base más amplia- lo logrado en el comienzo del gobierno, conseguir el respaldo de bloques que responden a gobernadores que se mostraron oposición en las elecciones pero podrían ser aliados en el parlamento, y hacerlo antes de que cualquier coyuntura reavive rispideces con los mandatarios provinciales.
Que se sabe del proyecto
El texto se basa, en gran medida, en el capítulo laboral del fallido DNU 70/23 y en iniciativas presentadas por diputados libertarios. Los puntos clave de la propuesta, que ya generan un fuerte rechazo en la CGT y en la CTA, se centran en la flexibilización de las condiciones de trabajo y en dificultar la litigiosidad laboral.

Reforma laboral: el secretario de Trabajo, Julio Cordero, propuso un techo salarial.
Uno de los aspectos más controversiales esla modificación de las pautas sobre el tiempo de trabajo, con el objetivo de darles a las empresas la posibilildad de establecer jornadas más largas, algo que ya fue adelantado por miembros del oficialismo en el último Coloquio de IDEA.
En ese sentido, la iniciativa contempla de hecho la posibilidad de ampliar la jornada laboral hasta un máximo de 12 horas diarias al permitir que se establezcan horarios con «modalidades flexibles» siempre y cuando haya un descanso mínimo de 12 horas entre una jornada y la siguiente.
También se autorizaría la implementación de un sistema de «banco de horas» -algo que ya incluía el DNU 70/23- y otros esquemas que les permitan a las empresas reducir el pago de horas extra.
Además, se permitiría que los empleadores fraccionen las vacaciones «en lapsos no inferiores a una semana».
Los sindicatos, afuera
Otro eje del plan de Milei pasa por transformar a los sindicatos en una suerte de consultoría: que los trabajadores tengan que negociar y proteger sus condiciones de trabajo de manera individual y no organizados internamente o respaldados legalmente por un sindicato.
El argumento del Gobierno es que así se les daría a los trabajadores la posibilidad de negociar por su cuenta condiciones más ventajosas que las que establecen los convenios colectivos -algo que, en realidad, las leyes actuales ya permiten-.
En ese sentido, propone que la negociación individual predomine por sobre la negociación por empresa y esta, por encima de la negociación por gremio, sin importar si lo que se negocia es más o menos favorable para los trabajadores o las empresas.
El punto que más polémica generó en lo relacionado con los convenios y las paritarias estuvo expresado recientemente por el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Bajo el eufemismo de «salarios dinámicos», cordero propuso que las paritarias solo establezcan un techo salarial, en lugar de un piso, y que las empresas puedan «negociar» con sus trabajadores sueldos más o menos altos o bajos, de acuerdo con la productividad, siempre que no superen ese techo.


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