El documento sostiene que la iniciativa “va mucho más allá de una reforma laboral” y busca marcar “un antes y un después” en la gestión libertaria, con un enfoque ideológico que choca con el actual esquema de ancla salarial, el modelo sindical vigente y la negociación colectiva como herramientas de contención del conflicto.

Según el análisis, uno de los objetivos centrales del proyecto es “atacar las bases del modelo sindical vigente”, aun cuando ese esquema viene garantizando bajos niveles de conflictividad. En la misma línea, el informe advierte sobre un intento de debilitar la negociación colectiva, pese a que hoy funciona como “un pilar de la estrategia de desinflación a través del ancla salarial”.

El relevamiento también cuestiona el aumento de la flexibilidad en el empleo formal. Entre los puntos más sensibles se mencionan el banco de horas, el fraccionamiento de vacaciones y la creación de un Fondo de Cese financiado con recursos previsionales. Para el Informe C-P, estas medidas “implican menores derechos individuales”, fomentan la rotación laboral y facilitan los despidos.

Otro eje del proyecto es la reducción de costos laborales como vía para incentivar la formalización y la creación de empleo. Sin embargo, el documento es categórico al señalar que se trata de “una estrategia que mostró pocos resultados en el pasado” y que no resolvió los problemas estructurales del mercado de trabajo argentino.

El informe concluye que el enfoque oficial “plantea varios problemas”: no mejora la calidad del empleo, consolida el status quo y “amenaza con ampliar desigualdades”. Además, remarca que confía en mecanismos que ya demostraron ser ineficaces y que la propuesta es “altamente conflictiva”, ya que inclina la balanza a favor de los empleadores. En ese escenario, advierte sobre un “elevado riesgo de frustración” tanto para trabajadores como para el conjunto de la economía.