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Alan Longy

Mientras el Gobierno y la CGT retoman las reuniones con legisladores y gobernadores por la reforma laboral, un informe del IARAF alerta sobre el perjuicio a las provincias que se esconde detrás de los beneficios a los empresarios. El punto es central entre los gobernadores que le advierten a la Casa Rosada que el texto implica una profundización del ahogo financiero federal.

El estudio se concentra en las consecuencias que implica la baja del impuesto a las ganancias incluida en varios artículos del proyecto que impulsa Javier Milei. Se analiza la rebaja de alícuotas a las empresas, la exención de pagar ganancias por el alquiler de propiedades con destino a casa-habitación y el resto de modificaciones tributarias.

El cálculo suma un costo fiscal directo inicial anual del orden del 0,22% del PBI, “lo que en moneda actual serían 1,9 billones de pesos”. De este total, al gobierno nacional le corresponden $790.000 millones (0.09% del PBI) y al conjunto de provincias y la Ciudad de Buenos Aires $1,12 billones (0,13% del PBI).

Las provincias ya hacen sus propios números y los suman a la mesa de negociación con el Gobierno. El ministro del interior, Diego Santilli, comienza mañana su gira por 10 provincias para sumar respaldos a la reforma laboral. De aprobarse, el costo fiscal inicial se va a dar recién en el año 2027, cuando las empresas o personas humanas beneficiadas con la baja de impuestos presenten sus declaraciones juradas correspondientes al ejercicio fiscal 2026.

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Las tres provincias más perjudicadas serán Buenos Aires con 238.558 millones de pesos en recursos menos, Santa Fe con $97.087 millones y Córdoba con $96.459 millones. En el ministerio de economía de esta última provincia aseguran que están analizando los informes privados la respecto y el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso. “Nos pega en la coparticipación”, confirman.

A las provincias la merma les va a llegar en pleno año electoral, durante mayo de 2027. Será cuando los contribuyentes empiecen a presentar sus declaraciones juradas y pagar el saldo correspondiente a 2026. Y, posteriormente, en los anticipos derivados de ese nuevo saldo.

El otro grupo de provincias afectadas es el que componen Chaco, Entre Ríos y Tucumán con una caída en su recaudación de entre 55 y 51 mil millones de pesos anuales. El senador por Chaco Jorge Capitanich calculó que el impacto de toda la reforma asciende a los 2179 millones de dólares. Varios legisladores indican que el proyecto laboral es una reforma tributaria encubierta. Los recursos que dejarán de recibir las provincias quedarán en mano de las empresas.

En línea con los argumentos de la administración libertaria, el informe señala que a largo plazo “la baja de la alícuota de ganancias va a mejorar la rentabilidad del capital propio invertido, lo que debería hacer más atractivos determinados proyectos de inversión" y "de esa manera, un mayor flujo de inversiones y el aumento de las ganancias imponibles podría más que compensar el costo fiscal inicial”, aunque señala que ese beneficio de suceder “requiere un tiempo mayor” al 2027.