Ahora el período de prueba puede extenderse hasta seis meses, durante los cuales empleador y trabajadora pueden finalizar el contrato sin expresión de causa ni indemnización. Esto genera mayor incertidumbre para quienes recién ingresan al empleo doméstico.

Se exige que los pagos sean registrados electrónicamente, a través de sistemas bancarios o plataformas habilitadas, con constancia suficiente para la prueba laboral. Esto moderniza la práctica, pero puede dificultar la evidencia tradicional del pago para las trabajadoras.

El empleador debe proveer la ropa y elementos necesarios para las tareas. Pasado el período de prueba, esta obligación puede transformarse en un pago no remunerativo, lo que podría reducir prestaciones concretas para la trabajadora.

Las indemnizaciones se mantienen fuera del régimen general y se actualizan según el índice de precios más intereses. Esto significa que el cálculo cambia respecto a otros trabajadores, con un impacto directo en la seguridad económica de las empleadas domésticas.

El personal de casas particulares queda fuera del Fondo de Asistencia Laboral, que funcionará como seguro de despido para el resto de los trabajadores formales. Esto mantiene un régimen particular y limita la cobertura ante conflictos laborales.

Gremios y especialistas alertan que estos cambios aumentan la vulnerabilidad de las empleadas domésticas, reducen la protección histórica de sus derechos y podrían debilitar la negociación colectiva en el sector. El diálogo sindical será clave para asegurar condiciones justas.