La crisis de Carrefour fue un disparador para que todo el sector supermercadista denunciara una "tergiversación" del pacto fiscal, ya que en varias provincias se aumentaron impuestos que afectan al comercio. Además, el sector, uno de los mayores empleadores, aspira a una baja en las cargas laborales
Las negociaciones para evitar el plan de achique definido por Carrefour se aceleraron luego de la apertura del procedimiento preventivo de crisis (PPC). Las gestiones iniciadas el lunes en el Ministerio de Trabajo continuarán hoy a las 13 en una nueva reunión en la que funcionarios, representantes del sindicato de comercio y ejecutivos de la cadena francesa buscarán llegar a un acuerdo para desactivar 3.000 despidos y el cierre de 11 locales.
La audiencia será en la sede de Callao, en medio de un clima de tensión, ya que el sector disidente del sindicalista Ramón Muerza movilizará a los trabajadores de Carrefour y a 650 delegados de Wal Mart, Disco, Vea, Coto, Garbarino, Musimundo, Rodo, Ausa, Marstercard, Blaisten, y Atento, entre otras empresas. Será una demostración de fuerza que meterá presión en la interna que mantiene con el líder del gremio, Armando Cavalieri.
La compañía entregó el lunes voluminosos balances que demostrarían las pérdidas registradas en los últimos tres años que gatillaron su reestructuración en la Argentina, donde cuenta con 600 locales y 19.000 empleados. Los ejecutivos además se comprometieron a formalizar sus pretensiones para resolver el conflicto. Y debe presentar la nómina de empleados, con el detalle de los ingresos, categoría y convenio, entre otros puntos.
Todos esos datos ya están en manos del equipo del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y los técnicos del gremio liderado por Cavalieri. Ahora el Gobierno debe evaluar si los números de Carrefour reflejan una crisis por causas económicas o tecnológicas, y no se debe a un "mal manejo" de la gestión anterior, cuya dirección fue descabezada antes de la llegada del CEO francés Rami Baithié. En caso de demostrar una situación de crisis, la firma podría pagar indemnizaciones al 50%.
Pero detrás de la discusión sobre el carácter de la crisis se esconde una puja más de fondo que excede a la firma de los "precios corajudos" y abarca a todo el sector supermercadista.
Se trata de la renovada presión de las cámaras de la actividad para avanzar en su agenda de reclamos, con eje en el impuesto a los ingresos brutos y las cargas laborales, a cambio de que no haya una ola de despidos en un rubro que se autopercibe como uno de los "perdedores" del modelo de Mauricio Macri.
En el caso de Carrefour, fuentes que participaron de la reunión del lunes aseguraron a iProfesional que la empresa busca un respaldo del Gobierno para aliviar su situación económica. En concreto, por el impacto de la suba de impuestos en las provincias y municipios, que afectó a todo el sector de comercio, sobre todo a los supermercados.
"Ellos tienen extensiones de locales muy grandes y también les aumentó el ABL", señalaron a este medio.
Las grandes cadenas hablan de una "tormenta perfecta" para referirse a una combinación de menor rentabilidad, mayor presión impositiva y cambios en los hábitos de consumo, en los que el canal mayorista y los formatos de proximidad desplazaron a las grandes superficies.
Según los datos del INDEC, las ventas totales en supermercados fueron de casi $339.000 milllones en 2017, mientras que en el 2016 esa cifra rondó los $300.000 millones, mostrando una suba del 13% en ese período, muy por debajo del nivel de inflación del mismo período que rondó el 24,8%.
En febrero pasado, el consumo en los supermercados cayó otro 3%, afectado por la suba de tarifas, el dólar y naftas, entre otros rubros. "La inflación disminuye el poder adquisitivo, estamos muy ajustados y el dólar también impacta indirectamente porque nuestros principales proveedores traen productos del exterior y se pagan en dólar. Todo eso incide en las listas de precios que nos pasan, del mismo modo que los combustibles impactan en los costos de la logística", reconoció a iProfesional una fuente del sector.
Impuestos y cargas
Por otra parte, los supermercados siguen descontentos con los efectos inesperados de la reforma tributaria, que se tradujo en el aumento de las alícuotas en 14 provincias en el renglón comercio y en varios de sus subrubros.
La mayoría de las gobernaciones aprovechó la ausencia de topes en el 2018 para aumentar el tributo sin superar los límites máximos, pero por encima de los valores que estaban vigentes. Para los empresarios, los gobernadores "desvirtuaron" el pacto fiscal acordado en diciembre.
Según un listado que manejan las cadenas al que pudo acceder iProfesional, la Ciudad aumentó de 2% a 3,5% alimentos y bebidas, y de 3 a 3,5%limpieza y perfumería.
Respecto a la tasa general para comercios y servicios, en Río Negro se incrementó de 4 a 5%; en Neuquén, de 4,5 a 5% (más un adicional de 1,5% por gran contribuyente); en Entre Ríos, de 4,5 a 5%; en La Rioja, de 3,5% a 4%; en Tucumán de 4,5 a 5%; en Salta de 3,6% a 5%; en Jujuy de 3,5 a 4%; y en La Pampa de 3,75 a 3,9%.
En igual sentido, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertó en febrero por el incremento de ingresos brutos en las provincias y en la Ciudad, donde los comercios que facturan más de 10 millones anualesexerimentarán una suba escalonada del 3 al 5%. Asimismo cuestionó el revalúo inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, que en febrero arrancó en 40% y sube escolanadamente hasta 75% para los terrenos de mayor valor. A los ajustes se suman los servicios urbanos que en algunos partidos bonarenses aumentaron hasta un 600%.
La "armonización" de las regulaciones provinciales y municipales y las leyes sobre grandes superficies forman parte de una de las cuatro submesas que se abrieron la semana pasada en la primera reunión de la mesa de comercio en Casa de Gobierno. El encuentro encabezado por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, surgió tras los fuertes reclamos que elevaron la Asociación de Supermercados Unidos, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Mediana Empresa, y la Cámara Argentina de Supermercados.
Las mesas técnicas restantes abordan la formalización (medios de pago, regímenes de retención y percepción, costos de traslado de efectivo, tarjetas y ecommerce), simplificación (financiamiento de deudas, embargos y factura electrónica) y el capítulo laboral.
Respecto del último, los empresarios mercantiles, que representan el 65% del PBI y de la mano de obra ocupada, y los supermercados, con 120.000 empleos, buscan una reducción más acelerada de las cargas patronales que la dispuesta en la reforma tributaria.
Entre las cadenas, Carrefour es la cuarta empleadora del país y alega un aumento en los costos de algunas de sus sucursales. En su balance global, la casa matriz localizada en Francia menciona más de 10 veces a la Argentina como una de las filiales que debe realizar una reestructuración. Según el informe de más de 28 páginas, la sucursal registró pérdidas operativas motivadas por el "persistente consumo débil" y la inflación, pese a un aumento interanual de las ventas netas en 2017 que pasaron de 2.735 a 2.795 millones de euros.
Desde la empresa aseguran, sin embargo, que la apertura del PPC nada tiene que ver con el programa de "transformación" lanzado desde París.
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