La tensión en el área de Seguridad escala a niveles inéditos. Por primera vez, efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal convocaron de manera conjunta a una protesta para reclamar mejoras salariales. La movilización será el próximo 2 de abril frente al Edificio Centinela, sede de la Gendarmería, en Retiro, bajo la modalidad de un “abrazo solidario”.
El reclamo expone una situación crítica: salarios que, según denuncian los propios uniformados, se ubican por debajo de la línea de pobreza, lo que obliga a muchos efectivos a buscar ingresos adicionales para sostenerse. “Tenemos compañeros que hacen changas o manejan Uber para poder llegar a fin de mes”, señalaron desde los grupos autoconvocados.
La protesta también está atravesada por la crisis sanitaria que afecta a las fuerzas. Tras la reestructuración de la obra social Iosfa, que derivó en la creación de OSFFESEG para las fuerzas de seguridad y OSFA para militares, los efectivos denuncian falta de cobertura y prestaciones. “Hoy estamos prácticamente sin atención médica. Los grupos de WhatsApp están en llamas”, confió un integrante de una de las fuerzas.
El conflicto tiene además un trasfondo político y de gestión. Dentro del propio Gobierno crecen las críticas hacia la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien algunos sectores señalan por su falta de conducción. “Monteoliva no tiene don de mando y puso como segundo a alguien que no entiende dónde está parado”, sostuvo un especialista en seguridad con experiencia en distintas gestiones.
El antecedente de la crisis policial en Córdoba en 2013, cuando la fuerza se acuarteló durante su gestión en esa provincia, vuelve a aparecer como un fantasma en la Casa Rosada. Aquella situación derivó en su salida del cargo y hoy alimenta las dudas sobre su capacidad para contener un conflicto de magnitud.
A esto se suma el malestar interno en las fuerzas por políticas salariales que, según denuncian, beneficiaron a las cúpulas en detrimento de los rangos más bajos, generando una fuerte desigualdad interna. “El enojo viene de hace tiempo, pero ahora explotó”, explicaron fuentes vinculadas al sector.
En paralelo, la interna política dentro del oficialismo también impacta en la gestión. Las tensiones entre Monteoliva y la ex ministra Patricia Bullrich, sumadas a conflictos con jefes de las fuerzas, complejizan aún más el escenario.
La convocatoria del 2 de abril enciende alarmas en el Gobierno no solo por el reclamo salarial, sino por el nivel de coordinación alcanzado entre las distintas fuerzas. En un contexto de deterioro del poder adquisitivo y conflictos internos, la protesta marca un punto de inflexión en un sector clave del Estado.
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