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EUGENIA RODRÍGUEZ

"Ahora viene una etapa en donde vamos a exigir que se convoque al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil porque se debe compensar el ajuste", señaló este jueves el co-secretario de la CGT, Héctor Daer, anticipando el escenario próximo, tras el primer paro general al gobierno nacional de Javier Milei. La medida, acompañada de una movilización a lo largo del país, puso el foco en el duro golpe que viene sufriendo el bolsillo de las y los trabajadores, en una dinámica que combina salarios a la baja, el impacto de la suba sostenida de precios en la economía y, ahora también, un esquema de reforma laboral que afectaría derechos individuales (como la registración e indemnización) y colectivos (como la sindicalización. En relación, el impacto de esta realidad en la diaria de las mayorías aparece en el centro de una conflictividad laboral que tuvo esta semana su primera expresión masiva y que muestra la relación inversa que existe entre la evolución del salario real y los paros generales en nuestro país: si se mira qué sucedió en estos últimos 40 años, se observa que cada vez que el salario real cayó la cantidad de paros creció (y viceversa). 

La exigencia sindical para que se concrete en lo inmediato la convocatoria para actualizar un salario mínimo que hoy es tres veces inferior al valor de una Canasta Básica Total ya había sido mencionada en el acto realizado frente al Congreso Nacional el pasado 24 de enero, junto con el llamamiento a las y los legisladores que deberán tratar en el recinto la llamada “ley Ómnibus”, para que “no traicionen a los trabajadores, a la doctrina del peronismo, que es defender a los laburantes, a lo que menos tienen y a los jubilados”, según palabras del co-secretario general, Pablo Moyano. Si bien al momento no hubo novedades concretas desde el gobierno que, tras varias idas y vueltas, suspendió la convocatoria al Consejo Salarial prevista inicialmente para mediados de enero, desde la gestión libertaria reconocen que el “camino de sufrimiento” incluye en los próximos meses caída del salario real, del consumo y de las ventas en el marco de un plan económico basado en recorte del gasto público, encarecimiento de las tarifas y los servicios, ajuste en la asistencia social y jubilaciones, y aumento del desempleo vía recesión.

El salto de la inflación a partir de la devaluación anunciada en diciembre del 2023 (suba del 118% del valor del dólar) pulverizó el poder adquisitivo de los salarios. El salario mínimo perdió 15% de su poder de compra en ese mes y hoy solo llega a cubrir el 64,8% de una canasta de alimentos. De esa manera, para recuperar poder de compra en un nivel semejante al 2019 debería incrementarse al menos en torno al 26% y si además se quisiera lograr un nivel semejante a fines del 2015, la suba debería rondar el 40%. La pérdida del valor de los ingresos se enfrenta a su vez con el encarecimiento de los bienes de primera necesidad: se registraron desde el último mes del año subas desmedidas en alimentos (más del 50% en una semana en envasados, carnes, productos de estacionales como frutas y verduras) a lo que hay que sumar la desregulación de precios que en lo concreto se trasladó a un alza del 45% en transporte, el aumento de más del 80% en combustibles, del 300% en medicamentos y del 40% en prepagas, y de más del 200% en alquileres. 

Así las cosas, el poder adquisitivo de los salarios en este gobierno es “bajo en términos históricos, razón por la cual es esperable que la conflictividad laboral sea elevada”, según un informe de la consultora PXQ al que tuvo acceso este medio. En igual sentido agregaron que esto se agrava “si se toma en cuenta que el presidente Milei comenzó con un decreto que tiene por objetivo flexibilizar el mercado de trabajo y que la Ley Bases busca reestablecer el impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia”. Según los economistas, el salario real (medido en dólares a precios de noviembre 2023) pasó de $1.709 al inicio de la convertibilidad a $414 para el año 2000, luego creció de forma sostenida y para 2015 se ubicó en torno a los $2.085, iniciando desde entonces una tendencia a la baja, y quedando en noviembre en $1.263.

El impacto de esta pérdida de poder de compra hace mella en una conflictividad social que tuvo su primera expresión masiva en 2024 con el paro general del pasado miércoles que muestra, una vez más, la relación inversa que existe entre la situación del salario real y los paros generales en el país. El estudio repasó lo sucedido en los últimos cuarenta años en Argentina, a partir de variables que definen el mercado de trabajo como el salario real y el desempleo, y su relación con cada uno de los gobiernos y con el comportamiento del movimiento obrero, y destacó que “es posible trazar una relación inversa entre el salario real y los paros generales: subas de salario real bajan la cantidad de paros y caídas del salario real aumentan la cantidad de paros”. Como ejemplo concreto: “el gobierno de Alfonsín, afectado por la hiperinflación tuvo la peor performance en cuanto a poder adquisitivo desde la vuelta de la democracia (el salario real cayó -28% durante su presidencia) y fue el presidente que más paros generales enfrentó (un total de 13). Al contrario, el mayor crecimiento del salario real tuvo lugar durante la presidencia de Néstor Kirchner (creció 60%) y esto generó solo una huelga general (probablemente explicada por el punto de partida en 2003, con un salario real cerca de mínimos históricos)”. 

En el mismo sentido que los precios, aparece la evolución de los puestos de trabajo y puntualmente el desempleo que “eleva la conflictividad y, con esto, los paros generales”. Siguiendo con el mismo ejemplo, en el gobierno de Alfonsín con 13 paros el desempleo creció 2,9 puntos al tiempo que con Kirchner, bajó 8,8 puntos. 

El golpe de la inflación

Las proyecciones en materia de precios para los próximos meses están lejos de ser optimistas. La inflación mayorista superó el 50% en diciembre y escaló 42,9 puntos en un solo mes, lo que enciende las alertas como anticipo, en este caso, de los precios minoristas de enero, donde en los primeros quince días ya se registraron alzas en torno al 60% en productos de primera necesidad. 

Según datos del Relevamiento de precios Minoristas de la consultora Eco Go, la inflación de del mes rondaría el 19%, destacándose la suba en alimentos, en torno al 20,7% y en otros rubros como salud (23,5%), esparcimiento (21,5%), bienes y servicios varios (25,3%). Dentro de alimentos, sobresalen a su vez los fuertes aumentos en panificados (24,9%), carnes (16%), productos lácteos y huevos (21,1%), frutas 16,8%, verduras (14%), azúcar miel, dulces y cacao (26,9%) y bebidas e infusiones (20,7%).  

Si se mide la pérdida de poder de compra del salario mínimo según los alimentos que se pueden comprar con dicho ingreso la caída escala al 36,8% respecto de diciembre de 2019 y al 50,7% respecto del mismo mes de 2015. De esa manera, el impacto en el consumo se hace evidente: según la consultora Scentia en diciembre las ventas en comercios barriales, autoservicios y chinos cayeron 2,9% (en noviembre habían subido 5 puntos) y en la primera semana de enero se registró una baja del 19% con respecto a igual periodo del 2023.

Reforma laboral

En materia laboral el DNU incluye un amplio capítulo que busca alentar la creación de empleos baratos, de menor calidad y más inestables, profundizando la informalidad, legalizando el fraude laboral y precarizando el trabajo asalariado. Entre los aspectos centrales del capítulo laboral, cuya vigencia se encuentra frenada tras las medidas cautelares del Poder Judicial luego de las presentaciones realizadas por las centrales sindicales, aparece la reducción del pago de las indemnizaciones por despidos (ya no considera el aguinaldo y adicionales) y su reemplazo por fondos de cese laboral como existen en la construcción, además de que se lleva el periodo de prueba a 8 meses (en lugar de 3 meses), se fomenta la contratación mediante figuras como el monotributismo, y también se elimina la obligación del empleador de cumplir con los derechos en seguridad social y las sanciones que existen por contratación ilegal. 

El objetivo parece ser dar lugar a un escenario que legitime la contratación informal, avale la tercerización y promueva mayores barreras ante cualquier tipo de reclamo por mejores salarios y condiciones laborales.