La Federación Judicial Argentina (FJA) realizó una férrea defensa a la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal y Juvenil N°2 de Lomas de Zamora,  ante los cuestionamientos y ataques dirigidos contra su actuación jurisdiccional al haber suspendido por el término de sesenta días y en todo el territorio bonaerense la entrada en vigencia de la Ley 27.801 que amplía la responsabilidad penal de niños, niñas y adolescentes desde los 14 años de edad.

Asimismo, la entidad que encabeza Matías Fachal reafirmó  “la necesidad de preservar la independencia judicial frente a toda forma de presión política o mediática”.

Mediante un extenso comunicado, la FJA señaló que “las decisiones judiciales pueden y deben ser discutidas por las vías institucionales correspondientes, pero resulta inadmisible cualquier intento de disciplinamiento sobre magistradas y magistrados que intervienen en causas vinculadas con la protección de derechos fundamentales”.

Además, sobre la flamante legislación, asumió que “entendemos que el debate sobre el régimen penal juvenil no puede ser reducido a una discusión sobre edades de imputabilidad, penas o encierro”, por lo que profundizó que  “la verdadera cuestión es qué respuesta ofrece el Estado frente a miles de niños, niñas y adolescentes que crecen atravesados por la pobreza, la exclusión, la violencia, la falta de oportunidades y, en muchos territorios, por el avance de las economías ilegales y del narcotráfico”. 

“Convertir esos problemas sociales en un problema exclusivamente penal significa eludir las responsabilidades políticas que los originan y profundizan”, añadió.

La postura sobre la ley

También, compartió “la preocupación expresada por distintos sectores sociales y religiosos que han advertido que la privación de la libertad debe constituir siempre una medida excepcional y de última instancia, especialmente cuando se trata de adolescentes”. 

En ese sentido, manifestó que “no puede pretenderse que el sistema penal sustituya la ausencia de políticas públicas de educación, salud, vivienda, salud mental, trabajo, acompañamiento comunitario e inclusión social”. “Castigar a quienes padecen las consecuencias de la exclusión no resuelve sus causas: apenas las oculta detrás de una respuesta punitiva”, agregó.

Por otro lado, consideró que “una política verdaderamente comprometida con la seguridad y con los derechos de la sociedad debe intervenir antes de que el daño ocurra”. 

Con el objetivo de construir esa perspectiva, comprendió que “exige presencia estatal, inversión social, dispositivos de protección integral, fortalecimiento de las comunidades y perspectivas reales de futuro para las juventudes”. 

“Penalizar a los pibes más pobres mientras se mantienen intactas las condiciones estructurales que los expulsan de la escuela, del trabajo y de una vida digna no constituye una solución; es desplazar sobre los sectores más vulnerables el costo de problemas que la política tiene la obligación de enfrentar”, declaró.

Muestra de solidaridad

A modo de cierre, la Federación Judicial Argentina sostuvo que “la Democracia se fortalece cuando se respetan la independencia de los poderes, las garantías constitucionales y los Derechos Humanos, y cuando las políticas públicas atacan las causas profundas de la desigualdad en lugar de criminalizar sus consecuencias”. 

“Por eso, junto con nuestra solidaridad con la jueza Marta Pascual, reafirmamos que la respuesta frente a las infancias y adolescencias excluidas debe ser más derechos, más rol social del Estado, más oportunidades y más inclusión, y no un endurecimiento punitivo que pretenda convertir la cuestión social en una cuestión penal”, concluyó.