El conflicto en Sancor no encuentra salida: ahora la Justicia ratificó la intervención dispuesta por el juzgado donde tramita el concurso, luego que la empresa ocultara información sensible. 

En el marco de un proceso de dificultades económicas, la que fue la principal firma láctea del país sigue acumulando deuda, que hoy supera los 20 mil millones de pesos. 

Por eso, y ante la falta de voluntad de informar al juzgado interviniente, la Cámara de Apelación de Feria del Poder Judicial santafesino con competencia en las circunscripciones de Rafaela, Reconquista y Santa Fe Capital confirmó la intervención dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia de Rafaela.

“Un freno” a las pretensiones de Sancor

Mediante el voto unánime de los tres jueces que la componen, esta cámara confirmó la intervención dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela en autos “SanCor CUL s/Concurso prevenvito (CUIJ 21-24209313-2)”, que ordenó la co-administración judicial de la concursada.

Desde 2019, la empresa ya recortó más de la mitad de los puestos de trabajo.

Como se mencionó, se estima que en estos momentos la empresa tiene una deuda laboral superior a los 20 mil millones de pesos, además de la reticencia a brindarle información a la justicia, lo que empujó la medida judicial, que las fuentes del sector afirman “le puso un freno a las pretensiones de la empresa”.

La Resolución firmada por los jueces Daniel Fernando Alonso, Aidilio Gustavo Fabiano y Sebastián César Coppoletta, con fecha 27 de enero del 2026, ratifica que se “encuentra verificada la reticencia reiterada de la concursada a brindar la información requerida por la Sindicatura Plural”, generando dificultades para “elaborar los informes que la ley le obliga realizar”.

Además, el fallo destacó “la existencia de un fideicomiso de administración invocado por SanCor CUL para tratar de deslindar responsabilidad, no le releva del deber de información que incumbe a la concursada, como tampoco puede sustraerse la misma ni del control y la vigilancia que la ley impone a la sindicatura, ni del proceso dirigido por el juez concursal”.

En el inicio del año, la Justicia Civil y Comercial de Rafaela dispuso la intervención parcial de la cooperativa láctea, en el marco de su concurso preventivo, y ordenó la designación de un coadministrador judicial ante la acumulación de incumplimientos laborales, previsionales y fiscales, además de la falta de información clave sobre la situación real de la empresa.

Las razones del fallo

Entre los fundamentos del fallo, el magistrado ponderó la crítica situación laboral que atraviesa la empresa. Según consta en el expediente, SanCor CUL (Cooperativas Unidas Limitada) adeuda salarios desde junio de 2025, no abonó la totalidad de los haberes de los meses posteriores y tampoco pagó la primera ni la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario correspondiente al presente año.

Hay que recordar que en octubre pasado Sancor había presentado ante la Justicia comercial un plan de salvataje, por el que buscaba ejecutar más de 300 despidos, esgrimiendo que la falta de acceso a crédito había limitado las posibilidades de reactivación.

En ese momento habló de una dotación que ascendía a 936 empleados, y el plan proyectaba que la “dotación óptima” debería ser de 632 trabajadores, lo que implicaba la eliminación de 304 puestos adicionales.

Desde 2019, la empresa ya recortó más de la mitad de los puestos de trabajo. Y en el último tiempo estuvo buscando sin éxito inversores para sostener su continuidad y vender inmuebles.