Por: Jorge Duarte.

El derrotero de las intervenciones a las organizaciones gremiales en la era Cambiemos todavía no terminó de contarse. A horas de que los argentinos vayamos a las urnas a definir el futuro político del país, se empiezan a conocer detalles sobre el modus operandi del Gobierno, con Jorge Triaca como actor clave, para vaciar los gremios intervenidos y quedarse con sus cajas.

Es conocido que durante la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) se nombraron varias decenas de militantes, familiares y amigos que se llevaron millones de pesos al cabo de los años de "normalización". También que entre ellos estaba Sandra "Sandrin" Heredia, empleada doméstica de la quinta familiar, y que la echó con insultos de por medio. Encima Heredia no estaba registrada.

Menos visibilidad tiene el rol de su cuñado, Sergio "Sombrero" Borsalino, que se encargaba de visitar a las organizaciones sindicales intervenidas para "vender" su esquema piramidal de seguros de vida, donde opera para uno de los tres grandes jugadores de ese sector. De hecho ya hay denuncias en sede judicial que señalan que ese dinero se lo repartían entre los triaca y los interventores.

Algo más subterráneo es el rol del hermano del ex ministro que proveía servicios de organización de eventos, y las compras que realizaban esas organizaciones a las hermanas del ministro para apuntalar su emprendedurismo.

En exclusiva, InfoGremiales, comprobó que en la intervención del gremio de seguridad, UPSRA, Triaca ubicó a otra empleada doméstica familiar entre la decenas de nombramientos con la que desembarcó. Se trata de Melina Nolasco quien cumplía funciones en la casa de la madre del ex funcionario y en la que comparten una de sus hermanas con Borsalino.

El dato se conoce días después de que la Cámara Federal porteña reabra una investigación contra el exministro de Trabajo por una supuesta defraudación del orden de los 15 millones de pesos mensuales a lo largo de un período de entre uno y dos años contra UPSRA.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia hicieron lugar a un recurso de apelación que había presentado el fiscal federal Guillermo Marijuan contra la decisión del juez de primera instancia Sebastián Ramos, quien había dispuesto el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito e imposibilidad de proceder con la investigación.

El fallo establece que esa decisión fue "prematura". Y que es necesario "profundizar la investigación en torno a los extremos propuestos por los representantes del Ministerio Público Fiscal".

La UPSRA fue intervenida por supuestas irregularidades en un proceso de renovación de autoridades y el 26 de diciembre de 2016, el gremio quedó en manos de Rodolfo "Coco" Alonso, un hombre cercano Luis Barrionuevo y a Enrique "Coti" Nosiglia.

El empresario Cristian Raúl Felice, proveedor de servicios de limpieza al sindicato a través de dos firmas privadas, formuló una primera denuncia. Y en 2018 otros dos representantes de trabajadores, William Marcelo Calderón Castillo y Ramón Tejada, ampliaron la imputación y acusaron a Triaca de orquestar "un plan para hacerse ilegítimamente" del gremio, colocar en cargos estratégicos a allegados y familiares y beneficiar con contrataciones a empresas indirectamente relacionadas con ellos. La presentación judicial aludía también al desvío del dinero correspondiente a seguros de vida de los trabajadores.

Uno de los elementos de prueba aportados por los denunciantes fue un video captado por una supuesta cámara oculta en la que se observa a Corti y Castro contando dinero en una oficina privada. No queda claro (y es una de las líneas de investigación que deberán profundizarse) el origen de esos fajos, que son colocados en bolsos y retirados del lugar. Las imágenes fueron exhibidas hace un año en el programa ADN, que se emite por el canal de noticias C5N.