Luego de que fracasara una nueva reunión entre dirigentes de la AOT y de SETIA con representantes de la empresa Australtex en la mañana del viernes en la ciudad de Río Grande, la dirigencia de ambos gremios convocó a una conferencia de prensa, frente a la fábrica, para brindar detalles de lo sucedido.

Los dirigentes indicaron que en la audiencia ratificaron el pedido de pago de 100% de los salarios mientras dure la suspensión de los trabajadores como consecuencia del incendio que se produjo el 22 de abril. Señalaron que pidieron el pago por 90 días del 100%, y que luego se abriera otra etapa de negociación a lo que la empresa no accedió.

Roberto López remarcó que Australtex no pagó la última quincena a la gran mayoría de los trabajadores, aunque reconoció que un grupo de trabajadores sí cobraron al 70% y ese grupo sería el que aceptó “individualmente” la propuesta de la empresa.

Por su parte, Mariano Tejeda, titular de SETIA calificó de “ilegal” el accionar de la empresa al avanzar con acuerdos individuales, y denunció “aprietes y extorsión” por parte de la empresa.

Ambos dirigentes coincidieron en remarcar que Australtex no tiene interés en negociar con los gremios y adelantaron que realizarán una denuncia penal por extorsión contra la empresa.

Extraño pedido de conciliación obligatoria

Los dirigentes de AOT y SETIA reclamaron que el Ministerio de Trabajo convoque urgente a una conciliación obligatoria. Ese pedido fue plasmado en el acta de la audiencia del viernes por la mañana y rechazado por la empresa.

Australtex no tiene ningún argumento legal para no pagar los salarios, ni para pagar los salarios con descuentos no acordados con los gremios. 

El Ministerio de Trabajo ya ha intimado a la empresa al cumplimiento de las normas laborales, y por ende al cumplimiento del pago de salarios. El propio Ministro de Trabajo de Tierra del Fuego, Marcelo Romero, lo dijo en declaraciones que se difundieron en una gacetilla de prensa enviada a los medios desde la Secretaría de Comunicación.

Los gremios no están con medidas de fuerza porque la empresa está paralizada desde el día del siniestro, y los trabajadores están “suspendidos de hecho”, aunque no hay ningún acuerdo firmado entre las partes.

Si bien el pedido de conciliación obligatoria es un derecho que tienen las partes, es difícil interpretar la aplicación de esa medida cuando una empresa está paralizada por un siniestro, cuando los trabajadores no están suspendidos en el marco de acuerdo, y el incumplimiento salarial por parte de la empresa no se ajusta a derecho, y la autoridad laboral, que ha gestado las audiencias, ya ha intimado a la empresa.

Si las partes no arriban a un acuerdo en el marco de las audiencias que viene gestando el Ministerio de Trabajo, y se suma la denuncia penal por extorsión anunciada por los gremios, todo indica que la continuidad de la relación entre empresa y gremios será la vía judicial, y en el medio quedan los trabajadores que hoy, no solo no cobran el 100% de los salarios, sino que también tienen la incertidumbre sobre el futuro laboral, a pesar de las promesas de la empresa.