El Sifridur lucha y resiste

El Sifridur lucha y resiste

Llegamos al departamento de Durazno, a unos 200 kilómetros de la capital Montevideo, para conocer un poco más de cerca la realidad de los trabajadores y las trabajadoras de la empresa Frigocerro, que desde que volvieron a sindicalizarse, a principios de 2022, han sido perseguidos y hostigados por el dueño del frigorífico, Diego Ortiz.

Pasadas las 8 de la mañana nos dirigimos al modesto pero bien cuidado local sindical.

Allí nos esperaban Angélica Badell, delegada del Sindicato de Trabajadores de Frigorífico Durazno -Frigocerro (Sifridur), y su esposo José Alonzo, también trabajador del frigorífico, junto a un grupo de seis compañeros* que se trasladaron para recibirnos.

El calor se hizo notar desde temprano así que la reunión se hizo afuera, a la sombra de una cochera.

Angélica hizo las presentaciones formales y, mate mediante, la conversación fluyó descontracturada a pesar de la difícil realidad que enfrentan todos.

Unos minutos más tarde se sumó Claudio Sánchez, ex presidente del Sifridur que fue despedido en dos oportunidades, y aunque la primera fue reintegrado mediante sentencia judicial, de la segunda sigue luchando en la justicia.

Aprovecho la calidez, tan típica de los habitantes del interior de Uruguay, para pedirles que me resuman los eventos que llevaron al conflicto actual con Frigocerro. y todos coinciden en que la razón es sencilla: se volvieron a organizar sindicalmente.

El crimen de formar un sindicato

“Nos cansamos de ver tanto atropello, tantas irregularidades no solo en lo que refiere a condiciones de salud y seguridad sino también en cuestiones administrativas y salariales y por esa razón nos propusimos reorganizar el sindicato”, dice Angélica, y todos sus compañeros asienten con la cabeza.

En enero de 2022, con el asesoramiento y respaldo de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (FOICA), reconstituyeron la organización y desde entonces las represalias no cesaron.

Van desde sanciones masivas a despidos abusivos, pasando por agresiones y acoso laboral por parte del dueño y de los encargados.

Atropellos en serie

Ruben Recoba, presidente del sindicato, agrega: “nos pagan mal el presentismo y la antigüedad, violando las leyes laborales vigentes, además de no brindar uniformes ni equipos de trabajo. Todos tenemos más de cinco años, algunos hasta 11 y 17 años en Frigocerro y ya no aguantábamos más”, descarga.

Actualmente el Sindicato, junto a la FOICA, está luchando para que la empresa revierta la última sanción a 39 trabajadores que fueron suspendidos de 4 a 14 días por reclamar que los hayan cambiado de puestos y tareas dentro del frigorífico, con la consecuente pérdida salarial.

La Federación exige que las suspensiones sean quitadas del legajo de los trabajadores porque la sanción se da a raíz de una medida sindical legítima de los trabajadores.

“El pasado sábado, pasados los 14 días de suspensión, nos volvieron a citar, obviamente a puestos que no son los nuestros. De todas formas, fuimos porque necesitamos trabajar”, apunta Angélica.

La dirigente denunció que los aíslan de las y los compañeros de trabajo y el dueño insiste en ir personalmente a insultarlos.

Juan Romero, delegado sindical, complementa: “ese día le negaron a uno de nuestros afiliados la ropa de trabajo con el equipo de protección para faenar vacunos positivos en brucelosis”.

“El compañero se negó a ingresar sin protección, porque esa enfermedad es contagiosa y fue despedido por ‘notoria mala conducta’”, señala indignado.

En sus 17 años en Frigocerro, Juan ha sido testigo de todo tipo de irregularidades laborales y salariales, de malas condiciones de higiene, de accidentes laborales, de falta de equipos ergonómicos, de trabajadores traídos desde otros departamentos en condiciones más que precarias, para no citar a los del sindicato y un largo collar de etcéteras.

“Ortiz hace lo que quiere y con total impunidad”, apunta.

Lesiones por esfuerzo repetitivo

Entre las irregularidades que denuncian los trabajadores está la falta de equipos ergonómicos, lo que ha traído como consecuencia lesiones laborales por esfuerzo repetitivo.

Juan trabaja en el desosado, un sector en el que se debe hacer fuerza para tirar la cadera de la res hacia abajo para cortarla. En la empresa no cuentan con el equipo mecánico que ayude en la tarea.

Curiosa renta

“No puedo levantar el brazo más allá del hombro y no soy el único. Muchos compañeros y compañeras están lesionados, están con renta”, dice.

¿Con renta?, pregunto, ignorando qué puede significar ese concepto en ese caso.

Ruben me explica: “cuando tenés una lesión en un brazo, por ejemplo, debido a la tendinitis crónica por el esfuerzo repetitivo, te dan un monto en dinero por ese brazo, para que cuando se te hinche y tengas que hacer reposo cuentes con algo de ingresos, aunque es muy poco, unos 2.000 pesos (50 dólares)”.

En Frigocerro los salarios son los más bajos de la zona y tal vez de la industria a nivel nacional.

Trabajando a tope, en una quincena donde pueden llegar a faenar hasta 3.000 animales por día en época de zafra, cobran unos 15.000 pesos uruguayos (poco más de 350 dólares).

A medida que vamos conversando los relatos y los hechos nos confirman una conducta que resulta cada vez más evidente: el señor Ortiz se jacta de hacer lo que quiere y cómo quiere.

Solo le falta el azote

Claramente no le importa la salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras que lo han ayudado a ganar millones y se ha dispuesto a desmantelar el sindicato, porque quiere impedir que nadie reclame, que nadie denuncie. Como en la época de los esclavos, solo le falta el azote.

Ortiz busca mediante la presión económica doblegar a los sindicalizados. No los cita a trabajar aunque haya faena, cuando lo hace los cambia de puesto de trabajo, los castiga con tareas insalubres y les paga la antigüedad por hora y no por mes, como dicta la legislación laboral.

El silencio cómplice del gobierno

Muchos de los trabajadores de Frigocerro están en pareja y ambos son parte del sindicato y todos tienen dos o tres hijos menores para criar. La situación es desesperante para ellos, pero la dignidad con la que resisten resulta alentadora.

Sobre todo, cuando vemos que hasta ahora las autoridades del gobierno no han intervenido para frenar estos abusos.

El papel del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ha sido el de un mero espectador, y el presidente de la república, Luis Lacalle Pou -que prometió recibirlos cuando lo cruzaron en Florida en agosto pasado en medio de una marcha de protesta- pasea su silencio cómplice o se saca alguna selfie con algún admirador.

Mientras tanto estas familias tienen que sobrevivir con los 10.000 pesos (240 dólares) por mes que les paga el seguro parcial, los que aún lo tienen y algún que otro jornal que no pasa de los 2.000 pesos mensuales (50 dólares).

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