“Las políticas de desguace del de las empresas del estado por este gobierno nos están llevando a un estado desastroso de las rutas”, sostuvo Aleñá y agregó “el desfinanciamiento producido no hace más que vaciar a la institución y desvalorizarla”.

Así, la semana pasada se conoció el pedido del gobernador de Río Negro, Alberto Weewtilneck para colocar peajes en 15 de sus rutas provinciales porque “el escenario es alarmante”. Y en estos días se sumó Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén. Los mandatarios usaron como argumento el desfinanciamiento del Fondo Provincial de Vialidad -que recauda del impuesto a los combustibles que Nación retacea-, y el deterioro por el tránsito pesado.

En ese sentido, Aleñá afirmó que “lo que sucede en Río Negro y Neuquén se replica en todas las provincias y es producto del recorte que generó el gobierno de turno”. Y añadió: “Del impuesto al combustible (SISVIAL) no ingresó ni un centavo a Vialidad y estamos hablando de $25.523 millones aproximadamente. Además, del Impuesto País solo ingresó el 6% quedando pendiente más de $ 49.560 millones y del Tesoro Nacional $ 25. 373 millones”.

En este marco, la dirigente gremial advirtió que todo el desfinanciamiento que se realizó a Vialidad Nacional “repercutirá desastrosamente en todo el país”. Asimismo, se refirió con preocupación al Operativo Invernal ya que, actualmente, “no se cuenta con las herramientas fundamentales para su ejecución y ni con el personal necesario. Todo como resultado del recorte que realizó Nación”.

Cabe destacar que el organismo, con más de 90 años de historia, solicitó para el año 2024, un presupuesto de $730.531.782.308, quedando vigente por el Gobierno Nacional el mismo monto que el año 2023 de $475.875.439.067, lo que implica una reducción del 35%. De esta manera, se ve comprometida seriamente la operatividad del Organismo y lo pone en una situación angustiante presupuestaria y financieramente, al producirse “una drástica reducción de la remisión de fondos vinculadas a prácticamente todas las partidas presupuestarias”, sostuvieron desde el sindicato.

En la misma línea, Aleñá enfatizó en las responsabilidades del gobierno actual ante los riesgos que generará la suspensión de la obra pública. “La gestión de Javier Milei debería considerar que al paralizarse la obra pública, como la imposibilidad de realizar el mantenimiento y la conservación producto del desfinanciamiento y desinversión, se corre el peligro de que se produzcan deterioros y variados inconvenientes en la transitabilidad de los usuarios del camino, ya sea en el transporte de productos regionales, mercadería, combustible, de pasajeros, ambulancias, bomberos y turismo”.

Finalmente, concluyó: “Otro tema no menor, es el mantenimiento de los puentes internacionales y pasos sobre los cuales el cuidado debe ser permanente”.