Casi en sintonía con la euforia libertaria por la media sanción de la Reforma Laboral, el Gobierno recibe lo que considera otra buena noticia en el marco de su batalla contra los sindicatos. Es que pidieron la elevación a juicio de una causa que investiga al líder de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, uno de los enemigos del Gobierno Nacional.

El escrito lleva la firma de Álvaro Garganta, Fiscal Penal de La Plata, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 11, conocido por investigar causas complejas de corrupción y delitos de acción pública en la provincia de Buenos Aires.

El texto señala que Voytenco no cumplió con un amparo ante el Juzgado Correccional nro. 2 de La Plata, que ordenaba a la Obra Social sindical, OSPRERA, otorgar prestaciones al hijo de una afiliada que necesitaba cuidados especiales. Se destaca que se dictaron las medidas necesarias, se realizaron mediaciones, pero no se cumplió con los requerimientos.

Para el fiscal «los hechos precedentemente descriptos constituyen ‘prima facie’ el delito de Desobediencia en los términos del artículo 239 del Código Penal».

La causa data de 2024 en la anterior gestión del secretario General de los peones rurales al frente de la OSPRERA. Luego de eso llegó la intervención judicial de la institución de salud, los escándalos que le sobrevinieron con los Menem como terminales, y la reciente determinación de que vuelva a manos de Voytenco.

El pedido de Garganta queda ahora en menos del juez Eduardo Eskenazi, el titular del Juzgado en lo Correccional N° 2 de La Plata.

El control de OSPRERA es un tema de debate público desde hace semanas. Se trata de una de las obras sociales más importantes del país, con alcance nacional y con serios problemas para cumplir con las prestaciones a sus afiliados.