En un contexto de creciente preocupación por los Derechos Humanos, la CTA Autónoma prendió la alarma ante el uso de sustancias tóxicas durante la represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso de la Nación, mientra se trataba la Ley Ómnibus.

El documento emitido por la central que conduce Hugo Cachorro Godoy enfatiza la gravedad de la situación, calificando el compuesto químico utilizado como “altamente tóxico e irritante“, e incluso llega a denunciar su utilización como un “instrumento de tortura“. Según las organizaciones que respaldan esta denuncia, estas sustancias están siendo aplicadas de manera indiscriminada contra ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a la manifestación pacífica y a la petición ante las autoridades.

La denuncia no solo apunta a las fuerzas de seguridad, sino que exige una investigación exhaustiva para determinar quiénes autorizaron el uso de estas sustancias. Se plantea la interrogante sobre las responsabilidades dentro de la cadena de mando, tanto a nivel nacional como local, señalando específicamente a los responsables del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad.

La gravedad de la situación radica en el riesgo para la salud y la integridad física de los ciudadanos. Arrojar sustancias químicas de alta potencialidad lesiva durante un operativo policial es altamente peligroso y dañino.

El llamado a la acción no solo se limita a la denuncia, sino que implica la exigencia de responsabilidades y el esclarecimiento de los hechos. Las organizaciones firmantes del documento han presentado una denuncia judicial con el respaldo de diversas asociaciones civiles, movimientos de derechos humanos y grupos de abogados, demostrando la amplitud del repudio y la demanda de justicia frente a esta situación alarmante.