El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi tomó la decisión tras el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, que resolvió en el mismo sentido.

El caso se inició el 26 de junio pasado cuando el apoderado de Télam Jorge Monasterky denunció en la comisaría 21 que, tras los despidos, integrantes de los gremios Sipreba y Sitapren habían ocupado de manera pacífica y permanecido en los edificios de Bolívar 531 y Belgrano 347. En esa presentación las autoridades dijeron que no tenían acceso al edificio y que como no había actividad pretendían -con esta presentación- "garantizar la salud y la seguridad de los ocupantes, como así también los bienes del Estado".

El fiscal Taiano, como medida previa antes de dictaminar si había o no delito, envió a la policía a constatar el estado en que se encontraba la situación.

Así, los efectivos de la división Delitos Federales de la Policía Federal informaron que en el edificio de Bolívar 531 había "un grupo de personas en la puerta conversando de manera pacífica, pero la entrada no estaba bloqueada" y que "las personas ingresaban y salían con total normalidad".

Lo mismo ocurrió en el edifico de Belgrano 347, donde había banderas "contra los despidos, tres personas conversando y las puertas de acceso abiertas, donde fluye público normalmente".

Con estos antecedentes, el fiscal Taiano dictaminó que se debía desestimar la denuncia porque no se había configurado ni el delito de usurpación ni habían ocurrido despojos, ni violencia, ni amenazas, ni engaños. Es decir que tampoco se había cometido el delito de coacción. El fiscal solo dijo que el funcionamiento de la agencia está supeditado a la huelga.

El juez Martínez de Giorgi, siguiendo el criterio del fiscal, desestimó la denuncia porque al no haber acción pública del fiscal no corresponde seguir avanzando. "No hay posibilidad de que un juez instruya a un fiscal a que requiera", dijo el juez.