Por: Juan Manuel Meza.

La postergación del debate parlamentario de la reforma laboral hasta febrero de 2026 no descomprimió el conflicto: apenas lo corrió en el calendario. La masiva movilización del 18 de diciembre, impulsada por las centrales sindicales, dejó en evidencia que el proyecto del gobierno nacional de Javier Milei no sólo enfrenta resistencias gremiales, sino también de los propios trabajadores, con la provincia de Buenos Aires como uno de los principales focos de oposición institucional. En ese contexto, enero asoma como un mes de alta tensión social, con protestas en preparación y un escenario económico que no ofrece señales de alivio.

Ese telón de fondo encuentra a la provincia de Buenos Aires cerrando un 2025 marcado por el deterioro del entramado productivo. Según datos oficiales bonaerenses, cerraron cerca de 9 mil pymes y más de 200 mil trabajadores -la mitad solo de ellos bonaerenses-perdieron su fuente de empleo desde que asumió Milei. El cambio de fase fue claro. De las suspensiones, adelantos de vacaciones y reducciones de jornada, se pasó directamente a despidos y cierres definitivos. Conflictos como los de Cerro Negro, Loma Negra, Cerámicos Ilva, la Gráfica Morvillo, Whirpool, Georgalos, Lipos, Tía Maruca, Mondelez, y La Suipachense condensaron ese proceso.

En ese contexto, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, dialogó con Buenos Aires/12 para fijar posición frente a la reforma laboral, hacer un balance del año y trazar el horizonte que imagina para 2026 con el eje puesto en salir de la crisis, la disputa política y la defensa de los derechos laborales.

—¿Desde qué lugar observa la reforma laboral la provincia de Buenos Aires?

—En este contexto, es muy difícil discutir esta pseudo modernización laboral. Es una flexibilización laboral. Ya, de hecho, está ocurriendo en el mercado laboral de Buenos Aires y en todo el territorio nacional. Nosotros lamentablemente no tenemos ningún dato alentador, ningún indicador de que esto se pueda revertir.

—¿Por qué sostiene que la flexibilización ya está en marcha?

—Porque tenemos más de doscientos mil trabajadores y trabajadoras que se han quedado sin su fuente de trabajo, donde impera la necesidad, no la situación de que un trabajador va a buscar trabajo y pregunta cuáles son mis derechos. Todo lo contrario. Le inhibe su posición para solicitar lo que realmente le corresponde conforme a la ley.

—¿Qué lectura hace de esa movilización de la CGT?

—En principio destacar el hecho de la convocatoria de la Confederación General del Trabajo y el acompañamiento de las dos CTA. Hubo un posicionamiento muy fuerte del pueblo trabajador en Plaza de Mayo, defendiendo sus propios intereses. A la Plaza también fueron muchos trabajadores que no están afiliados a los gremios y también jubilados -como lo hacen todos los miércoles- para hacer un solo frente contra la reforma laboral.

—¿Qué rol jugó la provincia en esa jornada?

—Es la primera vez en 41 años de democracia donde una columna marcha con el nombre de la provincia de Buenos Aires, cumpliendo con una de las máximas del peronismo que dice ‘con el que conduce a la cabeza’. Nuestro gobernador, Axel Kicillof, está a la cabeza de esa columna.

—¿Qué postura llevará la provincia cuando el debate vuelva al Congreso en febrero?

—Desde la provincia de Buenos Aires hemos manifestado que a nosotros nos gustaría que el gobierno nacional de Milei nos invite a debatir, a discutir, siempre en el contexto y en el marco de la realidad efectiva. Pero la postura del gobierno nacional es de aislar y seguir asfixiando a la provincia de Buenos Aires, aislándola de las convocatorias de diálogo.

—¿Cuáles son los puntos del proyecto que considera innegociables?

—De los ciento noventa y siete artículos que tiene, ninguno es beneficioso para el trabajador y la trabajadora. ¿Qué tiene de moderno que un trabajador trabaje doce o trece horas? No tiene nada de moderno. Esto es llevarnos, en términos laborales, a un preperonismo en el cual no había ningún derecho para los trabajadores. El gobierno nacional va a contramano del mundo. Cuando en otras partes reducen las jornadas laborales a 40 o 41 horas semanales, acá lo único que se busca es aumentarlas para explotar al trabajador y que la empresa multinacional obtenga más rédito para su negocio.

—¿Qué opinión tiene en torno de lo que el gobierno nacional llama “industria del juicio”?

—Desde la provincia de Buenos Aires se presentó el ICLOS, Instancia de Conciliación Obligatoria Prejudicial, que facilita en un promedio de 45 días la negociación para que el trabajador pueda cobrar sus acreencias evitando el proceso judicial. Esto ayudaría a los 100.000 casos que existen como cuello de botella.

—Según los datos oficiales, el año cerró con casi 9 mil pymes menos en total en la provincia.

—La etapa de las suspensiones, adelanto de vacaciones y reducción de jornada todavía no culminó. Y hace varios meses ya entramos en otra etapa, que es la de cierre y despidos. De un día para otro, los trabajadores se ven sin la posibilidad de acceder a su fuente de trabajo. Nosotros acompañamos, pero las empresas manifiestan que no tienen otra opción que cerrar sus puertas y van al concurso preventivo de quiebra. Hoy tenemos fábricas cerradas, procesos de audiencia donde se solicita la indemnización que corresponde por ley, empresas que recurren a tribunales comerciales, que piden concurso preventivo. En términos económicos, estamos en términos noventistas, en el año 1998 para ser preciso. El año pasado se votó la Ley de Bases con políticas extractivistas y modificaciones laborales. En la provincia de Buenos Aires no tenemos un solo registro de que eso haya generado trabajo. No se abrió una fábrica, no se abrió un taller.

—¿Qué plantean hoy los referentes del sector laboral productivo a la provincia?

—Ningún empresario pyme nos plantea la modificación de las condiciones laborales. Todo lo contrario: solicitan mayor inversión del Estado, mejorar accesos, energía y mercado interno. Por eso, participan de las Rondas de Negocios que realiza el Ministerio de Producción bonaerense porque desde lo nacional les dieron la espalda.

—Varios gremios anticipan un enero conflictivo. ¿La provincia se prepara para acompañar ese escenario?

—Nuestro gobernador viene acompañando desde el primer día los reclamos nacionales y populares. La Provincia va a estar en el caso de que hayan nuevas manifestaciones.

—El proyecto nacional menciona la capacitación laboral. ¿Qué contraste tiene con la política bonaerense?

—Nosotros tenemos 366 centros de formación laboral en territorio bonaerense. Este año vamos a superar los 100.000 trabajadores formados y capacitados. No son once renglones de un proyecto como propone el gobierno nacional, se trata de un proceso muy sólido en la provincia de Buenos Aires.

—Otro de los ejes del debate laboral del momento son los trabajadores de plataformas. Usted presentó un proyecto específico. ¿En qué consiste y a cuántos trabajadores alcanzaría esa iniciativa?

—La provincia participó de la primera plenaria de la Organización Internacional del Trabajo donde se debatió esta situación. Conforme a esos dictámenes elaboramos un proyecto que involucra a la plataforma, un registro, seguridad vial, nocturnidad, salud, con la centralidad del Ministerio de Trabajo. Estamos hablando de más de 80.000 trabajadores y trabajadoras.

—En medio de las fiestas de fin de año donde las Cámaras de Comercio bonaerenses manejan nuevas alternativas para levantar el consumo, pero las respuestas no llegan a ser las esperadas porque la gente no tiene dinero para gasta, ¿qué pueden hacer las familias trabajadoras?

—Que quede bien claro que esta pseudo modernización laboral les saca derechos a los que los tienen y a los que no. Desde la provincia, vamos a construir esperanza. Esa esperanza para nosotros es nuestro gobernador Axel Kicillof.