Carlos Tomada, exministro de Trabajo de la Nación y referente del derecho laboral, rechazó la posibilidad de avanzar con una reforma laboral en el actual contexto económico y social. “De ninguna manera es el momento adecuado para tratar una reforma laboral”, advirtió, al remarcar que el país atraviesa “destrucción del trabajo” y una recesión profunda.
Según Tomada, estas iniciativas no buscan resolver los problemas estructurales del empleo sino “incrementar el beneficio de las empresas a costa de los derechos de los trabajadores”. En diálogo con Splendid AM 990, cuestionó la naturalización del término reforma y sostuvo que su aplicación podría agravar la precarización en un país donde “casi el 50% de los trabajadores son informales”. “Lo que se intenta es formalizar la informalidad”, señaló, alertando que figuras como la locación de servicios podrían impedir reclamos laborales: “Si vas a reclamar a un juez te dicen que tenés un contrato permitido por la ley”.
El exfuncionario también puso en discusión el argumento empresario sobre las indemnizaciones como freno al empleo. Recordó que, en etapas de doble indemnización, “se duplicó la cantidad de empleo privado registrado”, y cuestionó la idea de una “industria del juicio”: “En la provincia de Buenos Aires, sobre 1,5 millones de trabajadores, solamente el 5% hicieron algún juicio”.
Tomada resaltó que existe “una falsedad histórica” en afirmar que en Argentina nunca se trabajó para reducir la informalidad: “Entre 2003 y 2015 el trabajo no registrado bajó al 32%, 18 puntos”, y atribuyó ese descenso a la “fuerte presencia” de inspecciones laborales. “Si no hay temor al riesgo, los empresarios hacen lo que quieren”, remarcó.
Para el exministro, la motivación real detrás de los proyectos de reforma es recuperar ganancias “avanzando sobre la masa salarial”. Frente a eso, planteó retomar un modelo que apueste a la industria, mejorar salarios, y reforzar controles: “Hace falta mano dura en la evasión y en la elusión del cumplimiento de las leyes laborales y tributarias”.
Entre sus propuestas incluyó un esquema de contribuciones progresivo para aliviar a las microempresas, prohibir al Estado contratar monotributistas y garantizar “libre negociación colectiva”. También defendió un rol activo del Estado en el salario mínimo. “Hay que buscar un trabajo más humano, no sólo cambiar un texto legal”, sostuvo.
Finalmente recordó el posicionamiento del movimiento obrero: “La CGT acaba de sacar una declaración de que no va a negociar ningún tipo de reforma laboral ni la va a aceptar tampoco con quita de derechos”.
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