“El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), anunciado en la noche del miércoles 20 de diciembre por el Presidente de la Nación, Javier Milei, claramente pretende hacer recaer sobre las espaldas de la población y los trabajadores/as, la responsabilidad de la crisis económica que afronta, vulnerando derechos socio-laborales adquiridos y pretendiendo desarticular las representaciones gremiales, para avanzar en detrimento de un salario digno y la solidaria prestación sanitaria que siempre fueron garantizados por el conjunto de los trabajadores/as a través de sus organizaciones representativas”, sostuvo un documento del gremio que encabeza el Secretario General, Héctor Morcillo.

Agrega; “Una vez más, los mezquinos intereses de los sectores económicos, garantizados esta vez por un gobierno liberal, pretende convertir el salario de trabajadoras y trabajadores en la variable de ajuste económico”.

También sostiene: “El DNU anunciado, claramente determina medidas en contra de los trabajadores/as, a saber: Elimina la relación de dependencia en establecimientos de hasta 5 trabajadores, ya que los considera “colaboradores” sin ningún tipo de derecho de índole laboral. Se amplía el período de prueba a 8 meses (de los 3 actuales) con todas las limitaciones que ello conlleva al contrato de trabajo. Se posibilita la desregulación totalmente de la jornada laboral vía negociación colectiva, con el único límite de 12 horas de descanso entre jornada y jornada. Facilita la tercerización laboral en las empresas, desligando al principal empleador de sus responsabilidades. Se convalidad la utilización del monotributo como un contrato de trabajo. Eliminacion de horas extras: Habilita la eliminación de los recargos por la realización de horas extras con la bolsa o banco de horas. Limita el monto indemnizatorio, quitando ítems en la base de cálculo, como premios. Bonos, etc. Se habilita la posibilidad de crear fondos de cese laboral que reemplazaría a las indemnizaciones por despidos. Elimina las multas por empleo no registrado y falta de pago de indemnizaciones. Impone límites al ejercicio constitucional del derecho de huelga, incluyendo como esenciales a prácticamente todas las actividades productivas y de servicios , incluidas la producción de alimentos. Se limita y restringe la posibilidad de hacer asambleas de trabajadores/as en las plantas”.

Finalmente la FTIA ratificó su “férrea voluntad de seguir representando los intereses de trabajadoras y trabajadores de la Alimentación, en defensa de un salario digno y la inviolabilidad de sus derechos”.