La presentación fue realizada por su abogado, César Albarracín, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de La Plata, quien solicitó el cese de la detención del dirigente gremial, al considerar que «el próximo 2 de abril finalizaría el plazo máximo de las posibles prórrogas de la prisión preventiva y no subsistir, a esta altura, riesgos procesales que justifiquen la continuidad del encarcelamiento».

El planteo de la defensa debe ser analizado por el Tribunal Oral Criminal Federal 2 de La Plata donde se encuentra radicada la causa abierta en 2017 que determinó el procesamiento y la detención del exsindicalista de la Uocra de La Plata por «asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero».

«Mi defendido lleva cuatro años de encarcelamiento preventivo. No tuvo juicio ni hay fecha dispuesta para ello», dijo Albarracín a Télam y planteó que Medina habría sido el objeto perseguido por la denominada mesa judicial bonaerense, que se propuso encarcelarlo y «correrlo de la actividad sindical como parte de un delirio autoritario».

«No podemos dejar de recordar que Juan Pablo Medina desde el inicio estuvo a disposición de la Justicia aún sabiendo de la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta de la persecución penal en su contra», agregó el abogado.

En ese marco, señaló que «es hora de restaurar la vigencia del derecho y que se ponga fin a la situación de ilegalidad del que esta siendo victima Juan Pablo Medina»

Si bien consideró razonable la suspensión del inicio del juicio oral en la causa que lo investiga por asociación ilícita y lavado de dinero, sostuvo que «la detención que padece Medina no es más que la consecuencia de delitos gravísimos cometidos desde las más altas esferas del Estado».

En tanto indicó que «una nueva prorroga no haría más que potenciar las consecuencias de aquellos delitos» y las vinculó con la reunión grabada con una cámara oculta en la sede porteña de Banco Provincia donde funcionarios bonaerenses, agentes de la AFI y empresarios supuestamente hablan sobre reunir evidencias para detenerlo.

El motivo de la suspensión es la causa penal que tramita en paralelo por la llamada mesa judicial bonaerense, una reunión de junio de 2017 entre funcionarios del entonces Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Mauricio Macri en la que hablaron de iniciarle expedientes judiciales a Medina.