“Cuarenta años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, destacó el presidente del CIN, Oscar Alpa.

Por su parte, el decano de Derecho de la UBA, Leandro Vergara, fue contundente: “Un decreto no puede suspender una ley”. En la misma línea, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, advirtió que “es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”.

El conflicto se originó luego de que el presidente Javier Milei vetara la norma aprobada en agosto, que fue ratificada por la oposición el 2 de octubre. Aunque la ley fue promulgada, su aplicación quedó suspendida por decreto, lo que —según las universidades— “viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”, en palabras de Vergara.

“Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta, y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, agregó Bartolacci.

Además de la acción judicial, el CIN resolvió elevar al Congreso Nacional un pedido para que se apruebe el Presupuesto 2026, incorporando como base los recursos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario, que busca garantizar fondos adecuados para el funcionamiento de las universidades y la recomposición salarial del personal docente y no docente.