La Provincia de Buenos Aires y otras cinco jurisdicciones volvieron a reclamar al Gobierno nacional el respeto por las autonomías provinciales y el funcionamiento regular y presencial del Consejo Federal del Trabajo (CFT).

El planteo fue formulado durante el cierre de la 127ª edición del organismo, que se desarrolló bajo una modalidad híbrida, con reuniones de comisión virtuales y una instancia final presencial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La declaración fue suscripta por autoridades laborales de Buenos Aires, La Pampa, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, participó del encuentro y reiteró el reclamo de la Provincia por el “respeto pleno al sistema Federal y autonomías provinciales”.

En el documento conjunto, las jurisdicciones advirtieron que la convocatoria al Consejo Federal del Trabajo “no puede limitarse a un acto protocolar” y cuestionaron la intervención del Gobierno nacional sobre competencias que, según sostienen, no fueron delegadas por las provincias.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la Ley 27.802, cuya aplicación —según las provincias firmantes— afecta facultades vinculadas con la policía laboral provincial. También denunciaron un proceso de “vaciamiento” del Consejo Federal del Trabajo y señalaron que ambas situaciones forman parte de un mismo proceso de debilitamiento de la administración laboral en el país.

Las autoridades provinciales señalaron, además, que esta situación ya fue planteada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya Comisión de Aplicación de Normas habría formulado conclusiones al respecto.

Reclamo por el funcionamiento del CFT

En este marco, las provincias reiteraron su pedido para que el Gobierno nacional cumpla con las disposiciones de la Ley 25.212, que establece el funcionamiento del Consejo Federal del Trabajo y sus comisiones con carácter presencial y con la periodicidad correspondiente.

También reclamaron que se cumplan las recomendaciones de la Comisión de Normas de la OIT destinadas a garantizar mecanismos efectivos de diálogo social tripartito en los niveles nacional, regional y sectorial.

En particular, solicitaron que cualquier reforma de la legislación laboral sea precedida por consultas sustantivas con las organizaciones de trabajadores y empleadores más representativas.

Otro de los planteos estuvo vinculado con el sistema de inspección laboral. Las provincias pidieron una evaluación integral de su funcionamiento en todo el territorio nacional, incluyendo la cantidad y distribución de inspectores y los recursos disponibles.

Asimismo, reclamaron fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales y provinciales en materia de administración e inspección del trabajo.

Con estos planteos, Buenos Aires y las demás jurisdicciones firmantes volvieron a reivindicar las competencias provinciales y reclamaron que se respeten las autonomías que, según sostienen, constituyen uno de los pilares del sistema representativo, republicano y federal establecido por la Constitución