La resistencia gremial a la reestructuración del Estado sumó un nuevo capítulo este miércoles. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), liderado por Graciela Aleñá, presentó un pedido formal al Congreso para que derogue el Decreto 461/25, firmado por el presidente Javier Milei, que había ordenado la disolución de organismos clave del sistema vial nacional.

La movida llega tras el revés judicial que suspendió la aplicación del decreto por seis meses. El fallo, dictado por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2, hizo lugar a una medida cautelar presentada por sectores sindicales y legisladores opositores. No obstante, el Ejecutivo ya confirmó que apelará la resolución para sostener su plan de ajuste estructural.

La nota fue dirigida al diputado Oscar Zago, titular de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que tiene a su cargo el tratamiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia. En el escrito, el sindicato pidió que se rechace el DNU que disponía el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El gremio alegó que la medida se basa en "informes apócrifos del Ministerio de Desregulación" y criticó que el decreto "no especifica qué organismo reemplazará las funciones que cumplía la DNV".

En su comunicado, el STVyARA sostuvo que la norma "no tiene una planificación técnica real" y que, en vez de garantizar eficiencia, "representa un grave perjuicio para la infraestructura, la cohesión nacional y la desaparición completa del concepto de patria".

También cuestionó que el decreto solo establece la vigilancia de la seguridad vial, la creación de una nueva agencia de control de concesiones, y el traspaso de bienes muebles e inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), sin definir una estructura que absorba las funciones técnicas de Vialidad.

La eliminación de estos organismos fue presentada por el Gobierno como parte de su política de motosierra para reducir gastos y desmontar estructuras burocráticas duplicadas o ineficientes. Desde Casa Rosada consideran que la DNV es uno de los símbolos del “Estado corporativo” utilizado históricamente por la casta política y sindical como caja de poder.