La batalla entre Camioneros y el Surrbac se despliega en cinco causas judiciales

La batalla entre Camioneros y el Surrbac se despliega en cinco causas judiciales

Desde 2015 se investiga una denuncia en una fiscalía federal que todavía no ha trascendido. Ataques mafiosos y defraudaciones millonarias, los hechos que se endilgan recíprocamente.

El enfrentamiento que partió desde el corazón de la empresa municipal Crese, entre el oficialismo en el Sindicato Único de Recolección de Residuos de Córdoba (Surrbac) y un grupo disidente –animado por el gremio de Camioneros- que disputó el liderazgo a Mauricio Saillén, se expresa también en los tribunales cordobeses.

Hay cinco expedientes que los tienen como denunciantes, denunciados, con sospechas y acusaciones recíprocas. Tres están radicados en diferentes fiscalías de Instrucción provinciales y dos en los tribunales federales.

Dólares. PERFIL CORDOBA comprobó que hay una denuncia radicada en la Fiscalía Federal N° 3 desde el año 2015, que aún no tomó estado público. La presentación fue efectuada por el mismo grupo de personas que enfrentó a la conducción del Surrbac encabezada por Saillén. Hasta el momento, no hay imputados pero sí se han librado una serie de oficios judiciales para obtener información que permita acreditar los hechos.

Si bien son sencillos de comprobar, podría implicar la complicidad de personal de un importante banco privado y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

La denuncia, efectuada desde el grupo disidente del oficialismo en el Surrbac, apunta a los principales dirigentes del gremio de recolectores, encabezados por Saillén. Refieren a hechos que habrían ocurrido en el año 2013 cuando existía el cepo cambiario en el país. Para comprar dólares era necesaria una autorización de Afip.

Según el relato efectuado en la presentación, los dirigentes del sindicato llevaban diariamente grupos de trabajadores de las empresas que recogían la basura en la ciudad a una sucursal céntrica de un banco privado. Los hacían comprar dólares, tramitando ellos las correspondientes autorizaciones, y a la salida del banco retenían las divisas adquiridas y les entregaban el monto equivalente en pesos. Así habrían reunido miles de dólares, usando a los empleados.

Lavado de activos e intermediación financiera. En el Juzgado Federal N° 1, en tanto, continúa en instrucción la causa derivada por la fiscal provincial Patricia García Ramírez, el año pasado, ante la sospecha de que a través de créditos otorgados por la Asociación Mutual del Surrbac (Amsurrbac) dirigentes gremiales habrían incurrido en los delitos de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.

Mutual y usura. Inicialmente, la presentación –formulada por el grupo opositor a Saillén- refirió el otorgamiento de créditos a trabajadores de las empresas de residuos y la percepción de intereses exorbitantes, por lo que una parte de la causa quedó radicada en la fiscalía de García Ramírez, quien imputó a Saillén y a Pascual Catrambone por defraudación calificada y usura calificada. Además habrían realizado contratos con empresas a nombre de familiares.

Atentado a Carrasco. El 2 de enero pasado, en su casa de Villa El Libertador, Pablo Carrasco recibió tres disparos de arma de fuego. Sobrevivió. Las balas quedaron alojadas en su cuerpo. “Tiraron a matar, estoy vivo de milagro”, reflexionó y expresó sus sospechas de que detrás del ataque podría haber gente del Surrbac.

Pero hasta el momento no fue posible identificar al agresor. Las descripciones aportadas por las personas que estaban en la vivienda no coinciden entre sí. Junto a él estaba su yerno, policía, pero tampoco pudo identificar al sicario ni dar datos precisos del auto en el que escapó el atacante. La causa sigue abierta, a cargo del fiscal de Instrucción, Alfredo Villegas.

Corona de flores. El martes pasado, durante la madrugada, la esposa de Carrasco encontró en la puerta de la casa una corona fúnebre. El hecho fue denunciado y fue inevitable la asociación con aquel primer atentado. El hecho bajo investigación quedó radicado en otra fiscalía, cuyo titular es Pedro Caballero.

UN LIBRETO PARA DENUNCIAS SERIALES

Un testimonio llamativo está incorporado a la causa que está en el Juzgado Federal N° 1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro. Lo brindó uno de los integrantes de aquel grupo que quiso disputar liderazgo en el Surrbac a Mauricio Saillén. Está integrado por entre cinco y siete personas, entre las cuales está Pablo Carrasco.

Apenas formaron una lista para competir en las elecciones del sindicato todos fueron despedidos de la empresa municipal. No obstante, no quedaron huérfanos. En diferentes intervenciones telefónicas hay conversaciones que refieren pagos mensuales que efectúa el sindicato de Camioneros que lidera Hugo Moyano. Se especifican los montos. Incluso hay referencias a reclamos por cifras escasas.

El testigo es un extrabajador de la Crese que decidió alejarse de la agrupación disidente. Relató que fueron contactados desde Camioneros para formar una lista opositora. Pero el dato llamativo que aportó es que recibían instrucciones sobre la metodología a utilizar: denunciar a Saillén y Catrambone por los hechos que fueran detectando, “hacer quilombo”.

No había una comunicación directa; si no que intermediaba un dirigente del sindicato de recolectores de Rosario apodado ‘Pipi’. El testigo también recordó en esa declaración que protagonizaron una balacera en el Surrbac, pero les salió mal. Dijo tener miedo y por esa razón se mudó fuera de Córdoba.

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