El decreto que esta semana estableció que los empleados estatales no son parte del régimen de la doble indemnización volvió a abrir una breca entre ATE y UPCN, los dos gremios del Estado nacional. La decisión del gobierno de Alberto Fernández de dejar sin efecto este beneficio para los empleados de la administración pública estuvo pensado más en el personal jerárquico que se “atornilló” a sus cargos y no quiso renunciar luego del cambio de autoridades, pero impactó en todos los estatales, lo que generó dudas en la dirigencia sindical. La cuestión mostró las diferencias que existen entre las dos organizaciones, que se disputan la representación en las dependencias nacionales, una vieja pelea que pronto puede tener un capítulo definitivo. Es que el mes próximo se deberá realizar una compulsa para saber quién tiene más afiliados, y así poder quedarse con la personería gremial, que hoy ostenta el gremio que lidera Andrés Rodríguez. Por años ATE pidió esta medida, pero recién el año pasado un fallo judicial obligó al Estado a realizar el conteo. Hace unos días, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero confirmó que la compulsa se hará “en tiempo y forma”, pero no hay certeza que se esté preparando.

La compulsa de afiliados en el Estado nacional fue ordenada por la justicia en noviembre del año pasado, por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 16, que dio 90 días para realizar el recuento de afiliados. Ese tiempo se vence a fines de febrero, pero recién se haría en marzo. “Hay que tener en cuenta que en enero está la feria judicial, que no se computa en el período, por eso los 90 día vencen a fines de marzo”, le dijo a Gestión Sindical una fuente del gremio ATE. Lo que está claro para el sindicato es que el gobierno hará la compulsa, lo que no se sabe es cuándo. “No se planteó una fecha oficial, tampoco sabemos si están realizando las tareas necesarias. Sabemos que hay voluntad de hacerlo, por lo que nos dicen los funcionarios, incluso en conversaciones informales”, agregó la misma fuente. La última compulsa entre los dos gremios estatales en pugna se hizo hace más de 20 años, en 1998, y dio una amplia mayoría para UPCN (72,3 por ciento de afiliados frente a un 27,69 por ciento de ATE). Pero en la actualidad desde ATE confían que los números “son bien distintos”. Si se incluyen todas las dependencias nacionales, creen que la compulsa “dará pareja”.

La disputa entre ATE y UPCN lleva varios años, y además de sindical se volvió política. El sindicato que conduce en la actualidad Hugo “cachorro” Godoy en los 90 fue puntal de la ruptura con la CGT y la formación de la CTA, y se volvió el ala más combativa del nuevo espacio. Fue opositor a las políticas de los 90 y su continuidad con la Alianza, y salvo un período de acercamiento en la presidencia de Néstor Kirchner, también criticó muchas de las acciones durante las dos gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, lo que motivó la ruptura con el sector que responde a Hugo Yasky. Durante el gobierno de Mauricio Macri, fue el primer sindicato en realizar un paro nacional, y se movilizó contra la reforma laboral y previsional. En tanto, UPCN se mantuvo dentro de la CGT, fue oficialismo durante buena parte de los gobiernos, e incluso mantuvo un amplio diálogo con la gestión macrista. Su titular Andrés Rodríguez es integrante de la mesa chica de la CGT, y uno de los portavoces de la actual conducción. Estas posturas enfrentaron a las organizaciones reiteradamente.

Una vez anunciado el decreto de la doble indemnización, las diferencias volvieron a aflorar. Rodríguez adelantó que “analizarán el alcance” de la medida, para ver si afecta a los intereses de los estatales, ya que las condiciones de contratación del Estado sin claras respecto de los despidos. Además, pidió por el pase a planta de los contratados, un tema de larga data. Pero desde ATE aprovecharon para recordarle al dirigente su vínculo con el anterior gobierno. “UPCN es el gremio amigo de Macri, que no firmó cláusula gatillo en 2019”, dijo Godoy en declaraciones periodísticas. Sobre la doble indemnización, el dirigente explicó que la decisión del gobierno apunta a “miles de funcionarios macristas que intentan quedarse en sus cargos”, pero se quejó de que “se establece de tal medida que no es bueno en tanto y en cuanto pueden quedar afectados justos por pecadores”.

El año pasado, los gremios se enfrentaron por el llamado Registro de Alta Dirección Pública, una propuesta para darle estabilidad laboral a unos 2.500 empleados jerárquicos del Estado nacional. El mismo se acordó entre la gestión macrista y UPCN, y fue rechazado por ATE. A pocos días de asumir su cargo, a secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, confirmó la suspensión del registro, una medida festejada por el sindicato que lidera Godoy y otras organizaciones, que sospechan que los beneficiados son “simpatizantes” del gobierno saliente, y que su tarea puede ser “entorpecer” las nuevas medidas que se tomar.