El debate sobre la reforma laboral llegó para quedarse y ya ganó un espacio central de la agenda de la campaña. Ante el desafío que impone al mundo del trabajo el desarrollo de las nuevas tecnologías y las dificultades propias de un mercado laboral golpeado por la recesión económica, el Gobierno como sus adversarios opositores ubicaron la discusión en el centro de su acción discursiva proselitista, aunque desde paradigmas bien diferenciados.

La necesidad de reducir los costos laborales 'aggiornando' convenios colectivos y flexibilizando condiciones de trabajo en el afán de mejorar los niveles de competitividad y de productividad de la economía local suponen la guía de la reforma que alienta la administración macrista, un objetivo que -además- integra los compromisos asumidos en el acuerdo con el FMI. En cambio, quienes rodean al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernandez, esgrimen que la reforma deberá orientarse al fortalecimiento de las instituciones laborales, la ampliación de derechos y la mejora en los ingresos y beneficios sociales de los trabajadores. La definición electoral será, entonces, una señal contundente del rumbo que emprenderán los cambios en la legislación laboral desde el próximo año.

La apuesta reformista del Gobierno no es nueva. Tras los fracasos del ambicioso proyecto que impulsó en 2017, con el envión de la reforma laboral brasileña, y de la más acotada iniciativa de blanqueo laboral del año pasado, que tampoco logró hacer pie en el Congreso, la gestión de Mauricio Macri avanzó con limitado éxito en acuerdos sectoriales, como el ejemplo de Vaca Muerta, para imponer cambios en las condiciones laborales. Pero de hacerse con la reelección, el Ejecutivo parece decidido a ir a fondo con su aspiración original: una reforma legislativa de amplio alcance que contemple la modernización de los convenios colectivos de actividad, el impulso a los contratos individuales o por empresa y la reducción de costos laborales por efecto de eliminación de aportes a los sindicatos y la rebaja de algunas cargas sociales.

La definición electoral será, entonces, una señal contundente del rumbo que emprenderán los cambios en la legislación laboral desde el próximo año

Pese a que formalmente desde el Gobierno evitan entrar en detalles sobre las modificaciones que promueven, quienes están abocados al diseño de la propuesta oficial advierten que los cambios se concentran sobre seis ejes: la reducción de las indemnizaciones por despido, la creación de nuevas categorías laborales, la flexibilización de la jornada de trabajo, la implementación de nuevas licencias, la regulación de los mecanismos de tercerización y el desarrollo de programas de pasantías.